El Congreso ha avalado este jueves una iniciativa de la CUP que insta al Gobierno a examinar todas las concesiones de las centrales hidroeléctricas, pero ha rechazado asegurar su reversión para que sean gestionadas por el sector público e investigar si alguna está siendo gestionada de forma ilegal, por vulnerar el plazo máximo de 75 años que marca la Ley de Patrimonio.
De esta forma, el Pleno de la Cámara ha aprobado únicamente el primero de los apartados de la proposición no de ley promovida por la CUP, que ha optado por someterla a votación por puntos. Concretamente, el que reclama al Gobierno realizar un estudio del estado de todas las concesiones de las centrales hidroeléctricas.
Es el único de los puntos que ha respaldado el PSOE y junto a él su socio de Gobierno, Unidas Podemos, ERC, Ciudadanos, el PNV, EH-Bildu, Junts, el PDeCAT, la CUP, Más País-Equo, UPN, el PRC, Compromís, Teruel Existe, el BNG, Nueva Canarias y Coalición Canaria. Vox, el PDeCAT y Coalición Canaria han votado en contra, mientras que el PP y Foro Asturias han optado por abstenerse.
El Gobierno se ha dividido en tres de las seis votaciones. Así, Unidas Podemos ha apoyado las propuestas de la CUP para certificar la caducidad real de las concesiones, asegurar que las que caduquen pasen a gestión pública e instar a la CNMC a investigar y sancionar a las empresas que hayan cometido fraude, obligando a las mismas a abonar compensaciones económicas, mientras que el PSOE las ha rechazado.
Finalmente, PSOE y Unidas Podemos han rechazado, junto con el PP, Vox y Ciudadanos, avalar una comisión de investigación en el Congreso dirigida a revisar todas las concesiones y fechas de caducidad de estas centrales y la posible vulneración de la Ley de Patrimonio de las Administraciones, que establece un período máximo de explotación de 75 años.
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