El consumo de cercanía como modelo energético para Aragón

El Gobierno de Aragón acaba de aprobar el Decreto-Ley 1/2023, de 20 de marzo, de medidas urgentes para el impulso de la transición energética y el consumo de cercanía en Aragón. El propósito de esta norma, según se pone de manifiesto en su larga exposición de motivos, es definir el marco jurídico que permita a la Comunidad Autónoma desarrollar su propia política energética.

Esta política energética propia se basa en el consumo de cercanía, tanto residencial como productivo, asociado a las instalaciones de generación de energía eléctrica mediante fuentes de origen renovable existentes en Aragón. Es una clara apuesta por el modelo de la generación distribuida como complemento al modelo tradicional de la generación centralizada, vinculada a las redes de transporte y distribución.

El planteamiento de partida para optar por esta política energética es que en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón se genera mucha más energía eléctrica de la que se consume, buena parte de la cual procede de fuentes renovables, por lo que se considera razonable que una parte de la energía producida se consuma en la Comunidad Autónoma, abaratando el importe de la factura eléctrica de todos consumidores.

Esta reducción de la factura eléctrica se conseguiría a través de los mecanismos que permiten la generación distribuida y favorecería la competitividad de las empresas ubicadas en la Comunidad Autónoma y a otros consumidores. Este es, sin duda, uno de los grandes objetivos de esta política energética propia, sin perjuicio de otros objetivos de carácter ambiental y social que se pretenden satisfacer con la generación distribuida

Justificar el Decreto Ley

La justificación para aprobar esta disposición legal es que la política energética basada en el consumo de cercanía, por la que apuesta el Gobierno de Aragón, exige la completa trasposición de las Directivas comunitarias en materia de energías renovables y mercado interior de la electricidad, sobre todo en lo que se refiere al fomento de la generación distribuida.

La deficiente e incompleta trasposición que el Estado ha hecho de estas Directivas, es lo que ha determinado que el Gobierno de Aragón haya llevado a cabo esta tarea de trasponerlas para establecer el marco jurídico que le permita desarrollar esa política energética propia. Hay un reproche al Estado por la no trasposición de aspectos relevantes de estas Directivas, como los relativos a líneas directas, autoconsumo, comunidades de energía en sus diversas modalidades, redes cerradas de distribución o agregación de demanda.

Hay que reconocerle al Gobierno de Aragón la habilidad que ha tenido con la aprobación de esta disposición legal de impulsar decididamente el modelo de generación distribuida, presente en las Directivas comunitarias, por el que ya han apostado otros Estados de la UE, reivindicado en España desde hace tiempo por sectores relacionados con las energías renovables, pero que el Estado español por diversas circunstancias no acaba de impulsar.

Es cierto que hay aspectos regulados en las Directivas comunitarias que están pendientes de trasposición a nuestro ordenamiento jurídico, lo que puede suponer una barrera para el desarrollo del modelo de generación distribuida.

Incertidumbre jurídica

Dicho esto, no se puede desconocer la incertidumbre jurídica que provoca la aprobación de este Decreto-Ley. Por un lado, no está claro que las Comunidades Autonomías -incluida la de Aragón- tengan competencias para regular buena parte de las cuestiones reguladas en este Decreto-Ley.

Conviene recordar que el Estado ha iniciado ya los trámites para regular algunas de las materias que regula esta disposición legal: se ha redactado un proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el procedimiento y los requisitos que deberán cumplirse para el otorgamiento de la autorización administrativa de las redes de distribución de energía eléctrica cerrada, informado por la CNMC, y se ha sacado a consulta pública previa la regulación de las comunidades energéticas locales.

Existe, pues, un claro conflicto de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón en la regulación de estas materias, que probablemente acabará ante el Tribunal Constitucional.

Por otro lado, es discutible también que concurra en este caso una situación de extraordinaria y urgente necesidad que justifique la aprobación de un Decreto-Ley. La aprobación por el Gobierno de esta disposición legal impide la participación pública en la regulación de estas materias.

Consumo de cercanía

No parece aconsejable imponer la regulación de estas materias, sin contar con la opinión de todos agentes afectados. La participación pública en estos casos contribuye a mejorar la regulación.

El sector de la energía, en particular de la energía eléctrica, requiere seguridad jurídica, teniendo en cuenta las inversiones que en él se realizan. Nadie está dispuesto a realizar estas inversiones sin un marco regulatorio cierto.

La parte fundamental del DL se dedica a regular el consumo de cercanía –capítulo II- y los medios para conseguir que la energía eléctrica producida en Aragón mediante fuentes de origen renovable sea consumida en el territorio de la Comunidad Autónoma: líneas directas (capítulo III); autoconsumo (capítulo IV); comunidades de energía (capítulo V); redes de distribución cerradas (capítulo VI) y agregación de la demanda (capítulo X)

El Estado, en el ejercicio de sus competencias, ha regulado ya de forma completa el autoconsumo, dejando poco margen a las Comunidades Autónomas. Y, como se ha dicho, ha iniciado los trámites para desarrollar la regulación de las redes de distribución de energía eléctrica cerrada y las comunidades energéticas locales, reguladas en este Decreto-Ley.

De manera que el Gobierno de Aragón lo que hace es anticiparse al Estado en el desarrollo de la regulación de estas dos cuestiones claves para el impulso de la generación distribuida en España.

Líneas directas

Lo más novedoso del Decreto-Ley es la regulación detallada de las líneas directas, como medio fundamental para hacer posible el consumo de cercanía. Conviene recordar que la Ley del Sector Eléctrico (LSE) regula las líneas directas en el artículo 42, si bien lo hace con un alcance limitado: se prevén líneas directas desde instalaciones de producción de energía eléctrica para consumo individual. La regulación de las líneas directas en el Decreto-Ley va más allá de lo previsto en el citado artículo 42, incorporando, se dice, lo establecido en la Directiva 2019/944 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.

Se justifica esta regulación de las líneas directas en la falta de trasposición de la Directiva en este punto y en la primacía de esta norma comunitaria, que debe ser aplicada de forma prevalente sobre la regulación contenida en el artículo 42 LSE.

El éxito de este modelo energético de consumo de cercanía, previsto en el Decreto-Ley, el que vaya más allá del autoconsumo individual y compartido, que ya viene funcionando desde hace tiempo, depende en buena medida de la implementación de una red de líneas directas –complementaria a la red de distribución- que permita consumir en Aragón una parte de la energía de origen renovable producida en la Comunidad Autónoma. La duda es si este incierto marco jurídico atraerá inversiones necesarias para la ejecución, explotación y mantenimiento de estas líneas directas.

Renovables

Además del consumo de cercanía y de los medios previstos para hacerlo posible, el Decreto-Ley regula otras cuestiones de interés. Así se establecen los presupuestos y requisitos para declarar como prioritarios determinados proyectos de inversión de interés autonómico y general, asociados con instalaciones de generación renovable.

La idea es promover proyectos de inversión en los que las instalaciones o actividades previstas consuman energía eléctrica renovable generada en Aragón, ya sea mediante líneas directas, autoconsumo o contratos de compra de energía que vinculen las instalaciones proyectada con la generación renovable.

Estos proyectos serán tramitados de forma preferente, pudiendo tramitarse como planes o proyectos de interés general de Aragón, declarándose de utilidad pública o interés social las actuaciones necesarias para su implementación a efectos expropiatorios.

Se regula también la intervención de la Comunidad Autónoma en los concursos de acceso, mediante la emisión de un informe preceptivo y el fondo aragonés de solidaridad energética, que tiene por finalidad de promover el de­sarrollo económico y luchar contra la despoblación en los territorios generadores de energía a partir de fuentes renovables.

Está por ver si el marco jurídico establecido en este Decreto-Ley permitirá implementar esa política energética propia basada en el consumo de cercanía.

Pedro Corvinos es abogado especializado en derecho de la energía.