El pasado mes de julio, Maria van der Hoeven, directora ejecutiva de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), presentaba en Madrid un análisis de la situación y evolución reciente de los diversos sectores energéticos y de la política energética de España. Las líneas que siguen se basan en el contenido de uno de los capítulos de dicho informe (Energy Policies of IEA Countries: Spain – 2015 Review) centrado en la evaluación de la investigación, desarrollo y demostración (I+D+D) en tecnologías energéticas en nuestro país.
Según la AIE, en España, la financiación pública de las actividades de investigación y desarrollo en materia energética se ha situado tradicionalmente a niveles más bajos que en la mayoría de los países industrializados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Y la crisis económica todavía ha exacerbado más esta situación.
De esta manera, el gasto gubernamental en I+D+D cayó de cerca de 163 millones de euros en 2012 a 72,4 millones en 2013. Una cifra esta última que equivale a 1,8 euros per cápita por año y que nos indica que la relación entre el citado gasto respecto al PIB es de un 0,09 por cada 1000 dólares USA, casi cinco veces por debajo del 0,44 de la media de los países de la OCDE.
Sin duda, la situación expuesta puede calificarse de decepcionante. Pero las culpas no recaen exclusivamente sobre los gobiernos. En su informe, la AIE constata asimismo que el gasto en investigación y desarrollo (I+D) efectuado por entidades privadas es particularmente bajo y que en éstas la innovación depende en gran medida del apoyo gubernamental.
Concretamente, en 2012, la inversión en I+D de las empresas energéticas de nuestro país totalizó una cantidad equivalente al 0,69% del PIB, mientras que la media de la OCDE por el mismo concepto se situó en el 1,63%.
Además, el estudio de la AIE revela que en el transcurso de la última década el esfuerzo inversor en I+D por parte de las compañías energéticas aumentó a un ritmo menor que el proveniente del sector público. La Agencia considera que la dependencia de la ayuda gubernamental hace que las actividades de I+D de las empresas energéticas estén expuestas a los recortes en los presupuestos públicos, tal y como ha sucedido durante la crisis económica que estamos intentando dejar atrás.
Más allá del diagnóstico y desde la perspectiva de posibles soluciones, la AIE recomienda cuatro líneas de actuación: 1) diseñar una estrategia y agenda de I+D que priorice los programas en el campo de la energía, coordinando estos últimos con las políticas energéticas del gobierno para así reforzar la eficacia en la consecución de objetivos; 2) incluir en la estrategia energética de I+D un capitulo particularmente centrado en la gestión de la demanda y en la eficiencia energética; 3) continuar facilitando la participación activa de los investigadores españoles en los programas internacionales de I+D en energía, y 4) promover una más estrecha cooperación en I+D en energía entre los principales actores de los sectores público y privado, con la finalidad de establecer las prioridades en I+D en energía y los objetivos más rentables. ¿Nos ponemos manos a la obra?
Mariano Marzo es catedrático de Recursos Energético de la Universidad de Barcelona y miembro del Consejo Editorial del Periódico de la Energía.
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