La participación ciudadana en proyectos de energías renovables está ganando presencia en el marco legal español, pero aún necesita ajustes clave para convertirse en una herramienta eficaz de retorno local. Así lo refleja el nuevo informe presentado por Fundeen, que analiza la evolución de la normativa autonómica y estatal, identifica las principales barreras para los ciudadanos y promueve medidas concretas para una transición energética más abierta y equitativa.
La publicación revisa las leyes en vigor en comunidades como Cataluña, Baleares, Navarra o el País Vasco, donde ya se exige a los promotores ofrecer parte del capital o la financiación de los proyectos a inversores locales. También analiza los criterios aplicados en subastas de energía, programas de ayuda y concursos de acceso a red, en los que la inversión ciudadana empieza a puntuar como indicador de impacto socioeconómico.
Pese a estos avances, el informe señala que la falta de claridad en la definición de inversor local, la escasa regulación sobre la difusión de las ofertas, la brevedad de los plazos o la ausencia de condiciones financieras mínimas siguen dificultando una participación ciudadana efectiva. Además, la mayoría de los marcos actuales no contemplan a los proyectos que ya están en tramitación, lo que limitaría el alcance de la medida en el corto y medio plazo.
“Las renovables tienen que ser una oportunidad también para quienes conviven con ellas”, afirma Nacho Bautista, CEO y cofundador de Fundeen. “Hemos visto cómo la inversión ciudadana mejora la percepción social de los proyectos, refuerza su arraigo y permite a las personas participar directamente en los beneficios de la transición energética. Pero para que funcione, necesitamos un marco normativo sólido, accesible y coherente”.
TengoLuz
28/04/2025