En menos de un año la minería española del carbón pasará página a su historia extractiva. Según el plan aprobado por la Comisión Europea, a finales de 2018, se enfrentarán al cierre las explotaciones no competitivas y solo sobrevivirán aquellas que puedan seguir funcionando sin subvenciones, previa devolución de las ayudas recibidas durante estos años de atrás. Complicado que quede alguna.
Y mientras esto ocurre, el Partido Socialista está dividido. Por un lado, la portavoz de Energía del Grupo Parlamentario, Pilar Lucio, y el secretario de Área para la Transición Ecológica de la Economía, **Hugo Morán **registran una Proposición No de Ley donde se incluye que "el Gobierno debe definir el papel del carbón autóctono como reserva estratégica" casi al mismo tiempo que el CAPTE (Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía), una plataforma creada por Pedro Sánchez para impulsar una globalización justa basada en la sostenibilidad y el progreso en común, presentaba su informe sobre la transición energética en España, en el que se propone el cierre definitivo de las centrales térmicas en 2025.
"Nuestra propuesta es clara" explica Pilar Lucio, "nuestro objetivo es que se deje de consumir carbón de importación y que sea el autóctono el único que se queme en las centrales térmicas, de ahí nuestro plan de crear una reserva estratégica". Pero ¿es posible? En el año 2016 solo el 7% del carbón que se utilizó para la generación de electricidad fue autóctono, en 2017 se calcula que llegó hasta el 10%, y a partir del próximo año podría ser cero.
"Todo es posible porque se podría inventar una ley que obligue a la compra exclusiva del carbón nacional, pero las eléctricas lo podrían recurrir y lo ganarían", explica Tatiana Nuño, responsable de Cambio Climático de Greenpeace, "también podría inventarse una subvención como el existente RD del carbón para que las eléctricas lo compren, pero también sería ilegal y recurrible. Europa ya ha dicho que ese RD no cumplía con la normativa, que no había sido notificado y que podría considerarse ayuda de Estado". Además, "por otro lado, ese término de 'reserva estratégica' es una invención y sería bastante difícil de justificar ante Bruselas, ya que no necesitamos ninguna reserva estratégica de carbón en España".
Por eso, en su opinión, "el PSOE no está siendo honesto con esta postura, saben perfectamente que mantener la minería en España supondría mantener más tiempo las térmicas de carbón que se construyeron en el interior para quemar el combustible que se extraía de las minas de las comarcas circundantes, de hecho lo que se quema actualmente es sobre todo carbón de importación", más aún, "mantener la minería abierta sería una justificación para importar más carbón, que es lo se quema en todas las térmicas". Por último, concluye que "toda la minería que hay en España está incluida en el plan de cierre aprobado por la Unión Europea, toda la minería ha recibido ayudas por ser no-competitiva, para que hubiese un cierre ordenado y se generasen alternativas", por lo que "si alguna mina quiere seguir abierta después de 2018 tiene que devolver las ayudas y dudo que ninguna quiera seguir operando sin ayudas, previa devolución de lo que han recibido".
"El carbón ya se acabó económicamente hace ya tiempo en España, y aún así sigue pidiendo protección, es como intentar poner puertas al campo", explica Teresa Ribera en la jornada "La transición ciudadana", organizada por Sociedad Civil por el Debate, "falta valentía política para cambiar la mentalidad de los partidos políticos, nunca hemos contado con una oportunidad tan extraordinaria como ahora y por primera vez disponemos de muchas variables que se cruzan, aparte del componente energético, para iniciar la transformación".
El próximo mes de junio finaliza el proceso de consulta pública del informe del CAPTE, y las conclusiones finales se entregarán a la Ejecutiva socialista que deberá incorporar estas recomendaciones en su programa. Tendrá que retratarse.
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