Política energética

El estatuto electrointensivo debe esperar hasta que el Gobierno tenga los informes preceptivos

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El estatuto electrointensivo que pretende aprobar el nuevo Gobierno una vez entregados todos los informes preceptivos necesarios para su convalidación, abordará la digitalización y la adaptación a la transición ecológica, además de los precios de la energía.

Así lo ha señalado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en un acto donde ha hecho balance del sector turístico español y ha adelantado que la aprobación del estatuto para la industria electrointensiva está tan solo a la espera de esos informes.

Según la ministra, el objetivo final de nuevo reglamento es que la industria española mejore su competitividad, un elemento que considera "primordial" y uno de los ejes que vertebrará la acción del nuevo Gobierno durante tota la legislatura.

Por ello, el estatuto no solo incidirá en los precios de la energía, uno de los elementos más importantes a la hora de determinar la competitividad de la industria española, sino que también abordará otros grandes retos como la digitalización o la transición ecológica.

Alineación con Bruselas

Asimismo, Maroto ha recordado que este tipo de políticas están tuteladas por la Comisión Europea, por lo que el Gobierno también está intentando alinearlo con ese marco de ayudas que establece Bruselas, con el fin de generar certidumbre y que, cuando se apruebe, se haga con todas las garantías.

A la espera de los informes preceptivos, entre los que se encuentra uno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la ministra ha pedido confianza y ha puesto en valor las acciones realizadas en la legislatura previa.

En concreto, ha aludido al "esfuerzo" de trabajar con unos PGE prorrogados del anterior Ejecutivo, en el que considera que la política industrial estaba "ausente", como, por ejemplo, el aumento de la partida destinada a las subvenciones para compensar costes de dióxido de carbono (CO2) de los electrointensivos, que pasó el año pasado de los seis millones incluidos en esos presupuestos a los 172 millones de euros, con el fin de atender el 100% de las peticiones.

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