La procuradora general de Argentina, Alejandra Gils Carbó, ha emitido un dictamen a favor de anular las subidas en las tarifas de la luz ordenadas por el Gobierno, informaron fuentes judiciales.
En una evaluación no vinculante remitida a la Corte Suprema, Gils Carbó consideró que, de acuerdo a su interpretación de la ley, corresponde confirmar un fallo cautelar de la Justicia federal de la ciudad bonaerense de La Plata en el que se declaraba la nulidad de los aumentos determinados en febrero pasado por el Ejecutivo para el ámbito de la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país.
Al igual que ya ocurrió con las subidas del gas, la procuradora general entiende "que la falta de audiencia pública restringió los derechos constitucionales de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores", según informó el Ministerio Público Fiscal argentino en un comunicado difundido en su página web.
En su informe, la procuradora se hace eco de que los afectados que habían llevado las subidas ante la Justicia denunciaron incrementos de entre el 500 y el 700% para los hogares grandes y que los industriales y comerciales afrontaron subidas de entre el 600 y el 750%.
El aumento en las tarifas de la luz se produjo debido a la decisión del Gobierno de Mauricio Macri de eliminar los subsidios estatales a las facturas, que beneficiaban especialmente a los clientes de las eléctricas Edenor y Edesur, distribuidoras en la capital argentina y su cinturón metropolitano, la zona más poblada del país.
A los aumentos en la luz se sumaron después fuertes incrementos en otros servicios, como el gas, el agua y el transporte público.
La decisión final sobre la validez de las tarifas de luz está ahora en manos de la Corte Suprema, máximo tribunal del país que en agosto pasado, en una situación similar, dictó a favor de suspender los aumentos del gas.
Aunque no es vinculante, la consulta a la fiscal general de la nación es un paso obligatorio antes del fallo de la Corte
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