Lo del fraude eléctrico comienza a irse de las manos. Las pérdidas del sector eléctrico van a más año tras año y no parece haber nadie a los mandos para poner freno a un agujero que supera los 2.000 millones de euros en el sistema eléctrico y que pagamos de más todos los consumidores de la luz.

Según datos de las distribuidoras y de la CNMC, haciendo la media de los últimos años, el coste que supone el fraude eléctrico (los enganches ilegales) y a los precios actuales de mercado suponen un coste adicional de 2.000 millones de euros anuales.

Y es que las distribuidoras ya no dan a basto. En algunas zonas el enganche ilegal es el padrenuestro de cada día. Tanto es así que en los últimos años se han detectado cientos de miles de enganches ilegales, muchos de ellos vinculados con las mafias, traficantes de droga u otros negocios ilegales.

Continuos fraudes

Las distribuidoras destinan los máximos recursos en la lucha contra el fraude. Sin embargo, los nuevos fraudes y la reincidencia crecen a mayor velocidad. Sin la proactiva colaboración de todos los agentes implicados, los esfuerzos de las distribuidoras no son suficientes para contrarrestar el creciente aumento de este problema.

Un ejemplo de ello, y del que hemos hablado en varias ocasiones, es el del barrio Norte de Granada y sus enganches ilegales para cultivar marihuana. Allí, la distribuidora Endesa y la Policía han actuado en numerosas ocasiones pero es imposible detener a los delincuentes. Se destruyen algunas plantaciones pero al día siguiente están montadas en otro piso.

El problema de todo esto es que la normativa actual contra el fraude eléctrico en España es muy laxa, es demasiado permisiva en comparación con otros países del entorno y eso hace que España se convierta en el paraíso para este tipo de mafias.

Normativa laxa

Según han explicado fuentes del sector, España es el único país con los de su entorno y tamaño que no penaliza con prisión o cárcel el fraude eléctrico.

Según la normativa española, el fraude eléctrico está penalizado con multas de 3 a 12 meses y si es atenuada de entre 1 y 3 meses de multa. Además, las empresas (restaurantes, comercios, etc) no tienen ningún tipo de responsabilidad corporativa cuando realizan este tipo de delitos.

Sin embargo, otras jurisdicciones como Francia, Portugal, Italia o Alemania sí se toman en serio la lucha contra el fraude eléctrico y penalizan con hasta 10 años de cárcel como es el caso de Italia si es una pena agravada por reincidencia del delito.

Y en todos ellos salvo Italia se le da a las empresas una responsabilidad corporativa cuando cometen fraude eléctrico y se engancha de manera ilegal a la red.

Atraer delincuentes

Todo ello hace que España sea el campo perfecto para desarrollar tareas delictivas como el narcotráfico, el cultivo de marihuana, el menudeo de droga, etc

Fuentes del sector señalan que es fundamental que el Ministerio del Interior tome cartas en el asunto y se persigan y penalicen de manera más dura a estos delincuentes de 'kilovatio blanco'.

Es una cuestión de seguridad nacional, un delito contra la salud pública y también un problema de seguridad de suministro eléctrico así como una injusticia contra todos los consumidores de la luz que pagan de su bolsillo este incremento del fraude eléctrico.