El Gobierno abre la puerta a que los centros de datos se conviertan en consumidores electrointensivos en España

El Gobierno ha iniciado una reforma del Estatuto de los Consumidores Electrointensivos que amplía su alcance y acerca a nuevas actividades, como los centros de datos, a la posibilidad de acceder a esta categoría y a los mecanismos de apoyo asociados. La modificación del Real Decreto 1106/2020 persigue reforzar la competitividad de las instalaciones con un elevado consumo eléctrico en un contexto de precios energéticos elevados y creciente competencia internacional, al tiempo que adapta la regulación a la transformación del sistema eléctrico español y a la normativa europea más reciente.

El eje central de la reforma es la redefinición del perfil del consumidor electrointensivo para ajustarlo a la realidad actual del mercado eléctrico, marcada por el fuerte crecimiento de la generación renovable y por cambios significativos en la formación de precios horarios. En este marco, el Ejecutivo elimina requisitos considerados desalineados con estos cambios, como la obligación de concentrar una parte relevante del consumo en horas valle, y simplifica las condiciones de acceso a la certificación.

Desde el sector de los centros de datos, la asociación SpainDC valora esta supresión como un primer avance, aunque subraya su carácter provisional. Un portavoz de la entidad explica que la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado para la campaña de 2026 “es una medida transitoria para facilitar ya la campaña de 2026 y anticipar parte de la reforma estructural prevista en el proyecto de Real Decreto, que está ahora en curso, y que aborda la redefinición de los requisitos”.

Flexibilización de los criterios

La flexibilización de los criterios permite que actividades con consumos eléctricos elevados, continuos y estables, como los data centers, se aproximen por primera vez al encaje regulatorio del Estatuto. No obstante, el sector recuerda que el reconocimiento efectivo como consumidor electrointensivo depende todavía de cambios adicionales. “Para los data centers es una premisa la inclusión del CNAE. Sin ello, la certificación de electrointensivo sigue sin estar a nuestro alcance”, advierte el mismo portavoz, en referencia a la necesidad de que la actividad figure expresamente en los listados de sectores elegibles.

La reforma normativa también refuerza el principal instrumento económico del Estatuto, el mecanismo de compensación de cargos de la factura eléctrica. A partir de ahora se incorpora como coste subvencionable la contribución indirecta al Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética, un recargo que las comercializadoras trasladan a los consumidores y que, según las estimaciones oficiales, ronda actualmente los dos euros por megavatio hora y presenta una tendencia creciente. Con esta medida, el Gobierno busca evitar que la reducción de otros cargos regulados y la reactivación de la fiscalidad energética hayan reducido de forma drástica el alcance efectivo de las ayudas en los últimos años.

Racionalización de las obligaciones

Junto al refuerzo económico, el Ejecutivo ha optado por una racionalización de las obligaciones asociadas a la percepción de estas compensaciones, eliminando exigencias que generaban una elevada carga administrativa, como la obligación de disponer de sistemas de gestión energética certificados o de acreditar contratos a largo plazo de electricidad renovable en un porcentaje mínimo del consumo. El objetivo es equilibrar el esfuerzo exigido a las empresas con la cuantía real de las ayudas concedidas.

En este contexto, SpainDC considera que la eliminación del criterio de consumo en horas valle supone un paso relevante en la dirección adecuada. “Esto elimina un paso y un criterio, así que es cierto que estamos más cerca de conseguir uno de nuestros principales objetivos: que se nos reconozca como electrointensivo, que es una de nuestras peticiones a la Administración”, señala el portavoz de la asociación.