El Gobierno ha sacado a consulta pública una actualización de la normativa sectorial de los hidrocarburos con el objetivo de combatir las prácticas fraudulentas en el sector, en particular aquellas relacionadas con el impago del IVA y la evasión de responsabilidades en la mezcla de biocombustibles.
La medida responde a un contexto en el que la legislación vigente, principalmente la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, se ha quedado obsoleta frente a la realidad actual del mercado, marcada por la aparición de nuevos combustibles, gases renovables y la creciente necesidad de proteger a los consumidores.
Ventas del sector
La práctica fraudulenta más destacada es la evasión del IVA en la venta de carburantes, una situación que ha sido duramente criticada por las principales petroleras españolas. Según cálculos de las cuatro principales asociaciones de distribución de carburantes, el fraude en 2023 podría haber alcanzado los 1.000 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 25% del total de las ventas del sector. Maarten Wetselaar, CEO de Cepsa, ha calificado estas actividades de "crimen organizado", subrayando el impacto devastador que tienen sobre la competitividad del sector.
Olvido Moraleda, presidenta de BP en España, ha señalado que estas prácticas ya afectan a más del 25% de las ventas del sector, implicando a aproximadamente 1.200 de las 12.000 estaciones de servicio en el país. Moraleda advirtió que estas prácticas fraudulentas "limitan y merman nuestra competitividad", al ofrecer combustibles a precios considerablemente más bajos que los de los operadores que cumplen con sus obligaciones fiscales.
Protección
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha añadido que este tipo de fraude no es solo una cuestión económica, sino de "seguridad nacional". Imaz subrayó que los miles de millones de euros que se pierden anualmente por el fraude en el IVA de los carburantes serían suficientes para construir diez hospitales al año. Además, puso en evidencia otro problema grave: el impago de los certificados de biocombustibles, que ha generado un perjuicio económico adicional de 581 millones de euros y ha anulado los beneficios medioambientales del despliegue de vehículos eléctricos en España.
Con la actualización de la normativa, el Gobierno también planea introducir medidas para proteger a los consumidores más vulnerables, combatir la pobreza energética, fomentar la eficiencia energética y promover el uso de fuentes renovables. Estas reformas, alineadas con el Paquete de mercados de hidrógeno y gases descarbonizados, buscan adaptar la regulación española al nuevo marco europeo y fortalecer la lucha contra las actividades fraudulentas que están dañando tanto a la industria como a la economía en general.
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