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Operadores y estaciones de servicio solicitan al Gobierno medidas más contundentes contra el fraude de los carburantes

Las organizaciones han solicitado un mayor control y compromiso por parte de la Administración para poner freno a estas prácticas

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AEVECAR, AOP, CEEES y UPI han mantenido una reunión con representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) con el objetivo de abordar el grave problema del fraude masivo en la distribución de carburantes en España.

Durante el encuentro, las organizaciones han solicitado un mayor control y compromiso por parte de la Administración para poner freno a estas prácticas, que dañan la competencia empresarial y a la sociedad, tanto en el caso del fraude en el IVA como en el caso del incumplimiento en la incorporación de biocarburantes, que afecta, además, al medioambiente.

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El sector ha valorado positivamente la disposición de Miteco a avanzar en la lucha contra el fraude, su apertura al diálogo y la iniciativa mostrada con la incorporación de medidas en el Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, y la necesidad de seguir avanzando en una batería de medidas más contundentes.

El fraude de los carburantes

Operadores y estaciones de servicio insisten en su llamamiento a la Administración para que intensifique las labores de prevención, control y seguimiento de estas prácticas fraudulentas, así como que implemente nuevas medidas más contundentes y eficaces, y agilice la capacidad de actuación contra aquellos que cometen el fraude. Recuerdan, en este sentido, que es crucial fortalecer los mecanismos de control, aumentar las sanciones y promover un marco legislativo más estricto que proteja tanto a los consumidores como a los operadores y las estaciones de servicio que actúan dentro de la legalidad.

AEVECAR, AOP, CEEES y UPI confían firmemente en el compromiso y la coordinación del Miteco y demás Administraciones competentes como la mejor palanca de lucha contra el fraude. Por ello, recalcan su compromiso para colaborar estrechamente con las autoridades y responsables públicos con el fin de erradicar estas prácticas fraudulentas, promoviendo la competitividad y sostenibilidad del sector.

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