El Gobierno analizará la constitucionalidad de restringir el diésel en Baleares desde 2025

El Gobierno ha decidido estudiar, en el marco de la Comisión Bilateral de Cooperación con Baleares, la constitucionalidad o no de la Ley de Cambio Climático de la Comunidad Autónoma, aprobada el pasado 12 de febrero y que, entre otros puntos, contempla la prohibición del acceso de vehículos diésel a la región desde 2025.

Según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), se ha alcanzado un acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación de la Administración central con Baleares para iniciar negociaciones con el fin de resolver las discrepancias con determinados artículos y disposiciones de la norma.

Por ello, se designa un grupo de trabajo para proponer a dicha Comisión Bilateral la eventual solución a la que se llegue en relación con este conflicto, al tiempo que se comunicará dicho acuerdo al Tribunal Constitucional.

Así, el objetivo de esta Comisión Bilateral es revisar, a través de diferentes reuniones, la constitucionalidad de la disposición adicional tercera, apartado tercero en relación con el artículo 67 de la ley, que es el que recoge el veto al acceso a los coches diésel a la región desde 2025 y la prohibición para el resto de vehículos contaminantes desde 2035.

También se analizará, como parte de esta Comisión, que cumplen la legislación el artículo 14.2, sobre objetivos de ahorro y eficiencia energética, así como el 20.1, sobre la perspectiva climática en los instrumentos de planificación.

Otro artículo que se revisará será el 23, en el que se recogen diferentes conceptos vinculados con la evaluación ambiental, al tiempo que también se estudiará el artículo 68.3, sobre disposiciones generales sobre emisiones.

Fuentes jurídicas explicaron a Europa Press que la formación de este órgano bilateral se produce al detectar el Gobierno que ciertos artículos o partes de una normativa pueden incurrir en algún tipo de inconstitucionalidad.

De esta manera, esta Comisión analizará la normativa, determinará si hay puntos de la norma que son inconstitucionales y presentará una solución o modificación del texto. Esta figura tiene un plazo de nueve meses desde su creación para llegar a una conclusión.

En caso de que no se llegue a un acuerdo sobre la legalidad de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Baleares, se pasaría a la vía judicial y a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.

Ley de Baleares

El Parlament de Baleares aprobó el pasado 12 de febrero la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de la región, que, además las restricciones al diésel desde 2025 y la prohibición a los vehículos de combustión desde 2035, también contempla el objetivo de disponer de 1.000 puntos de recarga de coches eléctricos en 2025 y contar con un parque móvil descarbonizado en 2050.

Otros aspectos destacados de esta normativa son el cierre progresivo de las centrales contaminantes, empezando por Es Murterar (Mallorca) desde 2020, aunque también afecta a las de Mahón, Ibiza y Formentera.

Igualmente, obliga a los grandes aparcamientos en superficie a instalar marquesinas con placas fovoltaicas y también contempla la creación del Instituto Balear de la Energía, que podrá poner en marcha o participar en sociedades para comercializar energía eléctrica en régimen de libre competencia.

Denuncia de Anfac

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) denunció ante la Comisión Europea la decisión de prohibir la circulación de vehículos diésel en Baleares y también ante el Consejo para la Unidad de Mercado, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda.

Ante la formación de esta Comisión Bilateral, fuentes de Anfac indicaron a Europa Press que les parece "razonable" esta decisión y que valoran de forma positiva la creación de esta figura y, con ello, el hecho de que el Gobierno central se siente a estudiar el contenido de esta ley, que consideran "regresiva y discriminatoria".

"Nos parece razonable que se sienten a dialogar porque, claramente, existen discrepancias entre esta norma y el ordenamiento jurídico español, en el sentido de que va en contra de las normas de unidad de mercado", subrayaron.

Asimismo, dichas fuentes aseguraron que están esperando "en breve" noticias desde Bruselas y explicaron que tendría que ser Europa la que diera un marco común a todos los países al respecto de la comercialización o circulación de los vehículos diésel y gasolina a futuro.

"De momento, la vía que establece es la consecución de ciertos objetivos de reducción de emisiones, cada vez más exigentes, y en esa vía nos posicionamos nosotros", afirmaron a Europa Press desde la asociación de fabricantes de automóviles.