El Consejo de Ministros ha dado 'luz verde' a la creación del fondo de reserva de garantía para entidades electrointensivas, con el que se pretende respaldar a la gran industria en la compra de energía 'verde' a través de contratos de compra y venta de electricidad a largo plazo ('PPA', por sus siglas en inglés).
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, destacó que este era un fondo "muy demandado" por el sector y que se considera "imprescindible", ya que es "un factor importante para facilitar el desarrollo de estas operaciones".
El visto bueno por el Ejecutivo a este fondo era muy esperado por el sector. De hecho, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, anunció su aprobación para el Consejo de Ministros del pasado martes, aunque finalmente ha sido este viernes cuando ha recibido la 'luz verde' por el Gobierno.
Este fondo garantiza la cobertura del Estado a las operaciones de compraventa de energía eléctrica a medio y largo plazo que realicen consumidores electrointensivos y sienta las bases para que la relación entre el consumidor electrointensivo y la compañía eléctrica "tenga un marco donde se vincule a plantas de energías renovables que promueven este tipo de fuentes de energía sostenible", dijo Montero.
En concreto, el fondo para la industria electrointensiva estará dotado con 200 millones de euros anuales, para cubrir como máximo 600 millones de inversión en tres años.
Montero subrayó que con la autorización de este fondo se cumple "el compromiso político" de apoyo al sector industrial, que este Gobierno puso de manifiesto con la aprobación en diciembre de 2018 del Real Decreto-ley RDL en el que se comprometió "a dar impulso a la competitividad económica" de la industria e introdujo la figura del consumidor electrointensivo.
Fuentes del sector industrial creen que la medida no da respuesta a los consumidores electrointensivos. Así, Fernando Soto, director general de AEGE, señala que "esta medida puede ayudar a algunas empresas, pero el problema mayor sigue siendo los precios que nos ofertan a un horizonte tan largo. En la actualidad, el precio que ahora ofrecen para PPAs está muy en línea con mercado (Cal 21, a 42,6 €/MWh)) y no con el coste de la tecnología, precios muy alejados de los 20 €/MWh que se dieron en las subastas de renovables celebradas en Portugal en 2019. Para fomentar la contratación a largo plazo (5 - 10 años), necesitamos precios competitivos asociados al coste medio de generación".
"Es una medida que no servirá para reducir a corto plazo el diferencial de precio con nuestros principales competidores", remata Soto.
Según AEGE, para reactivar ya a la industria electrointensiva, se requieren aprobar, además de ésta, las medidas que anunció la presidenta de la patronal en su comparecencia el pasado viernes en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados:
- Compensación del CO2 indirecto en su cuantía máxima, de 275 millones de euros
- Convocar una subasta de interrumpibilidad para el segundo semestre, con 2.000 MW de potencia interrumpible
- Mejorar el proyecto de Estatuto, siguiendo las alegaciones propuestas por la Asociación
"UN PASO PRIMERO" A LA APROBACIÓN DEL ESTATUTO EN "SEMANAS"
La portavoz del Gobierno afirma que este fondo supone "un paso primero" para llegar a la aprobación del Estatuto del Consumidor Electrointensivo "en las próximas semanas".
De todas maneras, reiteró que ahora mismo el coste de la electricidad "no es un problema" para la gran industria, ya que durante la pandemia del coronavirus el precio ha bajado "a niveles históricos y es mucho más barata que hace cuatro meses".
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