El Gobierno aprueba las bases para lanzar los 700 millones en ayudas para el almacenamiento en España

El Gobierno de España ha dado luz verde a las bases reguladoras que permitirán convocar ayudas públicas por valor de 700 millones de euros para impulsar proyectos innovadores de almacenamiento energético en todo el territorio nacional. La iniciativa, publicada en el día de ayer en el Boletín Oficial del Estado, responde a los objetivos marcados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la Estrategia de Almacenamiento Energético, en línea con el Pacto Verde Europeo.

Estas ayudas, que serán gestionadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva y están cofinanciadas con fondos FEDER del marco 2021-2027. Las subvenciones se dirigen a proyectos que desarrollen almacenamiento energético en sus diferentes modalidades: independiente (o stand-alone), hibridado con generación renovable, mediante bombeo hidroeléctrico y almacenamiento térmico.

La convocatoria de estas ayudas, que según ha podido saber El Periódico de la Energía se hará "muy pronto, antes de verano".

Entre los requisitos, los proyectos deberán tener una potencia mínima de 1 MW y cumplir el principio europeo de no causar daño significativo al medio ambiente (DNSH). Además, los proyectos ubicados en zonas de transición justa —aquellas afectadas por el cierre de centrales térmicas o minas— recibirán puntuación adicional durante el proceso de selección, lo que refuerza el carácter inclusivo y territorialmente equilibrado del programa.

Asimismo, entre las novedades más destacadas, está la inclusión de un umbral mínimo de cadena de valor local como requisito para optar a las ayudas, una medida que busca fortalecer la industria europea. También se exigirá a los solicitantes una garantía económica del 2% del importe solicitado para evitar la especulación. Además, no será necesario disponer de un punto de acceso a la red previamente concedido para presentar el proyecto, lo que amplía significativamente el número de posibles participantes.

Según la orden ministerial publicada, los proyectos deben estar finalizados antes del 31 de diciembre de 2029, y podrán recibir hasta un 85% de cofinanciación dependiendo de la región en que se desarrollen.

Paso adelante

Desde la Asociación Empresarial de Pilas, Baterías y Almacenamiento Energético (Aepibal), valoran "muy positivamente este paso adelante", subrayando que se trata de un "empuje muy consistente al almacenamiento con baterías" que reconoce su papel clave en la seguridad del suministro. La asociación ha señalado cuatro elementos clave de la orden que consideran especialmente acertados: la apuesta por la cadena de valor local, los mecanismos para reducir la especulación, la flexibilización de los requisitos técnicos y la posibilidad de implantar proyectos en suelos rústicos.

“Es un mensaje sensacional que tiene que alertar a todas las administraciones públicas, municipales y autonómicas especialmente, para regular en esa dirección”, señaló Aepibal.

Por su parte, Raúl García Posada, director de ASEALEN (Asociación Española de Almacenamiento de Energía), resalta las "mejoras sustanciales respecto a convocatorias anteriores del PRTR", entre ellas la simplificación de procedimientos, la claridad en los criterios de valoración y la inclusión de múltiples tecnologías. También destaca la atención a zonas de reto demográfico y de transición justa como elementos que promueven un desarrollo más equitativo del sector.

No obstante, advierte de que los plazos de resolución y ejecución siguen siendo un reto, especialmente para proyectos de bombeo. Aun así, confía en que la inminente convocatoria definitiva atienda estos aspectos con eficacia.