Política energética

El Gobierno aumentará la presión fiscal 'verde' de forma gradual y con el consenso de todos

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El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital es partidario de avanzar "de forma gradual" y con el mayor consenso social y político en la imposición medioambiental, aunque considera que los objetivos planteados en su informe por el grupo de expertos sobre transición energética son "muy ambiciosos".

El presidente de la comisión de expertos sobre transición energética, Jorge Sanz, ha entregado el informe al ministro de Energía, Álvaro Nadal.

Fuentes del ministerio han explicado que lo lógico es avanzar gradualmente en la aplicación de impuestos medioambientales para equiparar a España con otros países europeos, pero han subrayado que las propuestas del grupo de sabios tienen "implicaciones de todo tipo" que "hay que calibrar con cuidado", por ejemplo en la financiación autonómica y en el coste de los carburantes y el gas natural.

Según Energía, lo ideal es que estas medidas se plantearan de común acuerdo en el seno de la Unión Europea (UE), una posibilidad que por ahora está lejos.

El informe del grupo de expertos propone una reforma fiscal que permitiría trasladar a los presupuestos generales del Estado sobrecostes que ahora se incluyen en la tarifa eléctrica y que ascienden a entre 10.700 y 10.800 millones de euros (costes pasados de energías renovables, deuda acumulada por el sistema y costes de la generación extrapeninsular).

La reforma fiscal planteada en el informe incluye nuevos impuestos medioambientales, un recargo para financiar las renovables y una subida del IVA de entre 1,1 y 1,3 puntos.

Estos cambios permitirían abaratar un 6,8 % el recibo de la luz, pero encarecerían el gasóleo de automoción (28,6 %), la gasolina (1,8 %) y el gas natural (5,8 %).

Además, esta reforma fiscal y de peajes permitiría eliminar el recargo transitorio al autoconsumo sin generar distorsiones entre consumidores.

Las fuentes del ministerio han destacado la postura del grupo de expertos sobre el futuro de las centrales nucleares y han considerado razonable alargar diez años su vida.

Según el informe, prescindir de la energía nuclear supondría un aumento de las emisiones de casi el cien por cien y un incremento de los costes variables de generación eléctrica de entre 2.000 y 3.200 millones.

Sobre el futuro de las centrales de carbón, las fuentes de Energía han recalcado que dependerá de la evolución de los precios de los derechos de emisión de CO2.

En los escenarios contemplados por el informe, con precios muy elevados de los derechos de emisión (de 50 y 206 euros por tonelada), la generación con carbón dejaría de ser competitiva.

Sin embargo, las fuentes del ministerio han explicado que con un precio de 7,5 euros por tonelada (similar al registrado en 2017), el coste de generación podría reducirse un 45 % si se mantienen todas las centrales de carbón, sin poner en riesgo los objetivos medioambientales.

Las fuentes de Energía han destacado también que el informe consta que España está en condiciones de cumplir los compromisos adquiridos en materia de lucha contra el cambio climático.

El informe del grupo de expertos se remitirá a la Comisión de Energía del Congreso y al Grupo de Trabajo Interministerial que trabaja en la futura Ley de Transición Energética y Cambio Climático.

Según las fuentes citadas, el objetivo es que el Plan Nacional de Energía y Clima, cuyo borrador debe presentarse antes de fin de año, recoja el resultado del debate que se abrirá ahora sobre los temas planteados por el grupo de expertos.

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