El Gobierno ve en la limitación de los arbitrajes de inversión entre Estados miembros de la Unión Europea una posible vía para evitar en el futuro el pago de las indemnizaciones reclamadas por inversores europeos por el recorte a las energías renovables.
Y es que, tal y como reconoce el Ejecutivo en una respuesta registrada en el Congreso, y recogida por Europa Press, sobre el acuerdo para la terminación de los Tratados bilaterales de inversión entre los Estados miembros de la UE "España no podrá ser denunciada por inversores comunitarios ante tribunales de arbitraje" y su firma "puede abrir la vía" de que el Tratado de la Carta de la Energía resulte "también incompatible" con el derecho comunitario.
Si bien este acuerdo firmado el pasado mes de mayo no hace referencia al Tratado de la Carta de la Energía, reconoce el Ejecutivo, sí permite iniciar un debate sobre las consecuencias de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que declaró incompatible el Tratado de Funcionamiento de la UE con la cláusula de arbitraje de un tratado bilateral de inversión entre dos Estados miembros.
Esta cláusula permitía a un inversor de un Estado miembro iniciar un procedimiento de arbitraje contra otro Estado miembro y, a partir de ahí, los Estados de la UE se comprometieron a firmar un acuerdo de terminación de los acuerdos de inversión intracomunitarios al considerar que esta sentencia implicaba la incompatibilidad de este tipo de cláusulas en todos estos acuerdos.
"ESPAÑA NO PODRÁ SER DENUNCIADA POR INVERSORES COMUNITARIOS"
"A la luz del acuerdo firmado, España no podrá ser denunciada por inversores comunitarios ante tribunales de arbitraje por incumplimiento de los estándares de protección, incluidos en los Acuerdos de Protección de inversores intracomunitarios", esgrime en su respuesta el Ejecutivo.
A renglón seguido, subraya que esta firma del acuerdo de terminación "puede abrir la vía que permita, en trabajos posteriores, llegar a establecer que el Tratado de la Carta de la Energía resulta también incompatible con el Derecho de la UE". "En ese caso, España se encontraría en una situación que le permitiría evitar el pago de las importantes indemnizaciones que han planteado algunos inversores en el sector energético", apostilla.
EN EL AIRE, LAS CAUSAS CON INVERSORES DE PAÍSES MIEMBROS
El Gobierno responde así al portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago, que había reclamado al Ejecutivo una valoración del fin de los tratados bilaterales de inversión entre Estados miembros y sus consecuencias en los arbitrajes que España tiene abiertos por las energías renovables.
En su exposición de motivos, Santiago destacaba que esta cuestión "es uno de los puntos principales de defensa de España" en estos litigios ya que, subraya el dirigente de la coalición de izquierdas, "todos los casos que tiene abiertos son con inversores europeos".
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