El Gobierno procederá a la desinversión estatal en todos aquellos activos en empresas o entidades con actividad que tenga relación con productos energéticos de origen fósil, según consta en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que previsiblemente será aprobado este martes por el Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes.
En concreto, el documento, al que tuvo acceso Europa Press, prevé la elaboración, en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley, de un estudio del estado de situación y una propuesta de calendario para que la Administración se desprenda de activos en empresas o entidades que incluyan la extracción, refinado o procesado de productos energéticos de origen fósil en su actividad.
La normativa incide en medidas sobre los combustibles fósiles, uno de los grandes responsables de las emisiones de gases efecto invernadero. Así, el proyecto de Ley establece que la aplicación de nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil deberá estar debidamente justificada por motivos de "interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas".
En este sentido, durante el último trimestre de cada año natural, el Ministerio de Hacienda realizará un informe sobre el régimen fiscal aplicable a los productos energéticos de origen fósil, identificando aquellas ayudas y medidas que favorezcan su uso.
Mientras, el gabinete dirigido por Teresa Ribera elaborará una propuesta de calendario para la revisión de las ayudas y medidas que favorezcan el uso de los productos energéticos de origen fósil, compatible con los objetivos previstos en la Ley, teniendo en cuenta los informes emitidos por el Ministerio de Hacienda y previa consulta a los ministerios sectoriales afectados. Este calendario de revisión será aprobado mediante acuerdo de Consejo de Ministros, consultando a los sectores implicados.
NINGUNA NUEVA AUTORIZACIÓN PARA EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS
Por otro lado, a partir de la entrada en vigor de la futura ley no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional. Tampoco se autorizará la fracturación hidráulica de alto volumen, el 'fracking'.
En lo que se refiere a las instalaciones en activo, cinco años antes de que expire su concesión deberán presentar ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un informe que refleje el potencial de reconversión de las instalaciones o de la ubicación para otros usos, incluida la energía geotérmica, o la instalación de energías renovables.
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