El Gobierno dice ahora que la subida fiscal al diésel casi no afectará al ciudadano

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que las pequeñas y medianas empresas (pymes), los profesionales y los autónomos quedarán eximidos de la subida de la fiscalidad del diésel que prevé implementar el Gobierno, y que los ciudadanos sólo notarán esta subida de forma "mínima".

En declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, la titular de Hacienda ha explicado que la idea que estudia el Ejecutivo, alineado con la orientación europea, es ir equiparando los niveles de precios del diésel con la gasolina "de forma progresiva", de modo que los propietarios de turismos con motor diésel apenas lo noten. "Ni siquiera se va a percibir", ha subrayado.

Montero ha enmarcado esta iniciativa en los cambios que baraja introducir el Gobierno en materia de fiscalidad medioambiental, buscando no tanto mejorar la capacidad recaudatoria sino impulsar su efecto disuasorio. En cualquier caso, ha asegurado que transportistas, autónomos y pymes quedarán eximidos de este incremento.

En cuanto a la subida de impuestos que impulsará el Gobierno, ha explicado que se trata de implantar una fiscalidad "del siglo XXI" que recoga mejor factores como la digitalización o la revolución tecnológica, y ha dejado claro que "el español no lo va a notar". Así, ha incidido en que "ni ciudadanos, ni pymes ni autónomos" se van a ver afectados por esta subida, que está orientada especialmente a la gran empresa.

"Hasta ahora, las pymes estaban tributando más que las grandes empresas. Eso no tiene sentido", ha señalado, para incidir en que se trata de que las grandes corporaciones tributen al tipo teórico establecido en el Impuesto de Sociedades.

Montero ha indicado que la presión fiscal en España es ocho puntos inferior a la de la media de la UE, y ha incidido en que el problema del país es de ingresos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el Congreso que pretende "rediseñar" el Impuesto de Sociedades con el fin de que el tipo efectivo de las grandes empresas se acerque al tipo nominal y fijar una tributación real mínima del 15% para los grandes conglomerados empresariales.

La ministra ha explicado también el motivo de la relajación de la senda de compromiso de reducción del déficit público. "La Comisión Europea ha entendido que una senda de consolidación fiscal tan dura como la aprobada por el anterior Gobierno, que implicaba un recorte de 11.000 millones de euros, podía dañar el crecimiento y la creación de empleo. Las cuentas de Montoro no eran sostenibles", ha indicado Montero.

Por ello, el Gobierno ha presentado un nuevo calendario de reducción del déficit a Bruselas en virtud del cual el objetivo de déficit público para este año se suaviza al pasar del 2,2% del PIB inicial al 2,7%, mientras que en 2019 sube del 1,3% al 1,8% del PIB. En 2020 será del 1,1%, y un año después del 0,4%.

"Ese mayor margen lo van a disfrutar las comunidades autónomas y la Seguridad Social para garanatizar la sostenibilidad de las pensiones, mientras que el Estado se reserva una parte ínfima", ha explicado la ministra.

En concreto, el Gobierno relajará las metas de déficit a las CC.AA. del 0,1% del PIB al 0,3%, el equivalente a 2.400 millones de euros. El reparto se concretará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo jueves.

En relación con el techo de gasto del Estado, la cifra de la que parten los Presupuestos y que se aprobará este viernes en Consejo de Ministros, Montero ha indicado que que esta cifra, una vez sancionada por el Ejecutivo, pasará por las Cámaras parlamentarias, donde no debe ser votada, ya que lo que se vota es la senda de estabilidad, según ha dicho. En este sentido, ha reesaltado la voluntad de entendimiento con Podemos para logar su apoyo.

En relación a las pensiones, ha expresado su confianza en lograr un acuerdo en el marco del Pacto de Toledo. "Estamos empeñados en que el sistema de pensiones sea sostenible; confío en que haya voluntad de acuerdo", ha apuntado.

Respecto a la decisión de no publicar los nombres de los acogidos a la amnistía fiscal de 2012, ha manifestado que los abogados del Estado dicen que ese asunto "no se puede revisar" tras la sentencia del Tribunal Constitucional. "Son cuestiones legales. No se puede revisar con carácter retroactivo", ha zanjado.