El concurso de renovables en Canarias que el Gobierno sacó adelante el pasado agosto fue una chapuza. No ha servido para nada. Por poner un ejemplo. De los 450 MW para eólica solo se presentaron al concurso 15 MW, es decir, el 3,33%. Siete meses después, el Gobierno ha acabado por dar la razón al sector de renovables canario y ha entonado el mea culpa a la hora de elaborar el concurso.
El subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Enrique Hernández Bento, ha asegurado que la elección del concurso en el pasado no fue el sistema "más adecuado".
Pero como miembro del Gobierno, no ha achacado el problema de las renovables a la Administración Central, sino que ha culpado al Ejecutivo canario de crear una maraña administrativa para que no se desarrollen las renovables en el archipiélago.
El subsecretario ha valorado la "buena colaboración" que existe con la Consejería de Industria para poner en el mercado los 440 megawatios del concurso eólico de 2007, lo que generará un ahorro de 130 millones al sistema, aunque ha insistido en que la burocracia, sobre todo la parte relacionada con los criterios de impacto ambiental, permite que solo puedan ponerse en marcha 97 megawatios a corto plazo.
Durante la inauguración de la 'I Cumbre Internacional de Energías Renovables CAN2015', ha destacado que cuando algunas autonomías han tenido una producción en 2014 de energía eólica superior a los 5.000 megawatios, en Canarias ha sido solamente de 164, cuestión que no ha achacado a las medidas del Estado. De hecho, ha dicho que en 2013, la producción energética a través de energías renovables fue de 7,7 % en Canarias frente al 43% de la Península, y pese a ello, ha reconocido que las islas tienen unas condiciones "inmejorables" para su desarrollo.
Hernández Bento ha lamentado la "polémica" suscitada con la reforma eléctrica ya que ha "ordenado" el sector y ha dado "seguridad", con un régimen distributivo en el que todos los agentes del sector están "cómodos", un compromiso de inversión en infraestructuras en los próximos dos años de 810 millones, y el desbloqueo de las dos regasificadoras.
Más facilidades
El presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables (Acer), Enrique Rodríguez de Azero, ha estado de acuerdo con el subsecretario por el problema burocrático, pero también ha criticado con dureza los recortes impuestos por el Gobierno. De esta manera, ha pedido acabar con las "políticas malthusianas" y "frenar" la burocracia" que obliga a los empresarios a presentar "un papel tras otro papel".
Ha reclamado un "marco estable" para acabar con la "inseguridad jurídica" que está generando una "marca equivocada" de España en el exterior, y ha insistido en que las renovables "no son un gasto sino una inversión y un ahorro".
En su opinión, el sector ha alcanzado la "madurez" en el desarrollo tecnológico y representa el "éxito" de la sociedad del conocimiento, y pronostica un crecimiento "imparable" ya que una vez se amorticen las instalaciones, será "la energía más barata del mundo".
Según Rodríguez de Azero, las regiones ultraperiféricas son una "oportunidad" para Europa, y ha pedido que el autoconsumo "esté en la agenda" porque este sector genera riqueza y puestos de trabajo.
A este respecto, el presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables dijo que por lo que se conoce el borrador del real decreto sobre autoconsumo del Gobierno español da la impresión de que el ejecutivo quiere "tapar el sol".
Rivero, sin mojarse
Por su parte, el presidente canario Paulino Rivero, no ha querido entrar al trapo sobre la acusación del Gobierno de crear una maraña administrativa. Así, Rivero se ha afirmado que "creemos en un modelo de desarrollo sostenible y limpio en el que las energías renovables no sean solo un complemento, sino una alternativa real a los sistemas de generación y explotación tradicionales", ha explicado.
En su opinión, Canarias cuenta con recursos naturales como el sol, el viento y el mar para ser un "referente internacional" y un "laboratorio mundial" de experiencias, y ha remarcado su objetivo de que la producción alcance el 30% en 2020, aspecto que quedará recogido en la reforma del REF (Régimen Económico y Fiscal).
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