El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), órgano de arbitrajes del Banco Mundial, ha exonerado a España de abonar los 175 millones de euros que reclamaban la empresa suiza EBL y la española Tubo Sol PE2 SL como indemnización por los recortes a las renovables en 2013.
Según han informado a EFE fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, el tribunal ha ordenado a las demandantes a pagar a España 214.808 dólares (199.000 euros) por la parte que se utilizó de los anticipos que el Estado realizó al Ciadi, y cerca de 1,9 millones de euros en concepto de honorarios legales y gastos.
De esta forma, España se anota una victoria total después de que el Ciadi haya rechazado por completo las pretensiones de EBL y Tubo Sol PE2 SL.
Antin desiste de nuevos arbitrajes
Actualmente, el departamento que dirige la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha constatado que, tras la aprobación de medidas compensatorias en 2019, se han frenado las reclamaciones y las indemnizaciones siguen una tendencia descendente.
En esta línea, por ejemplo, el fondo galo Antin ha desistido voluntariamente de iniciar nuevos arbitrajes contra España dentro del proceso de opa sobre la compañía de energías renovable Opdenergy, al considerar que la seguridad jurídica está garantizada.
A tenor de los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, en total se han presentado 52 arbitrajes en distintos tribunales, sobre todo en el Ciadi del Banco Mundial, de los cuales se han dictado 34 laudos, once arbitrajes se han perdido, siete se han ganado, dos se han anulado y otros catorce están pendientes o recurridos.
1.700 millones en laudos perdidos
Asimismo, tres demandantes han desistido acogiéndose al marco del real decreto-ley 17/2019, que regula la rentabilidad razonable de las instalaciones renovables**.**
Hasta el momento, las reclamaciones han ascendido a más de 10.635 millones de euros, de las que se han reconocido 1.703 millones en los laudos perdidos.
En los laudos que otorgan una indemnización a inversores internacionales provenientes de un Estado miembro de la Unión Europea, España ha solicitado su anulación al entender que no cabe el arbitraje intraeuropeo al amparo del Tratado de la Carta de la Energía, por ser contrario al derecho comunitario.
De esta forma, ninguno se ha llegado a ejecutar.
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