El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), a través del Instituto para la Transición Justa (ITJ), ha lanzado la consulta pública previa para la elaboración de la Estrategia de Transición Justa 2026-2030, que estará abierta hasta el próximo 1 de febrero y tiene por objetivo recabar la visión y las aportaciones de la ciudadanía, las organizaciones sociales, las administraciones, las empresas y los demás agentes interesados.
Según informó el Ministerio, la consulta busca alinear las políticas de transición justa con las metas energéticas y climáticas del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, "con el objetivo central de maximizar las oportunidades de actividad económica y empleo derivadas de la transición hacia una economía baja en emisiones, al tiempo que se minimizan los impactos sobre las personas trabajadoras y los territorios más expuestos".
De esta manera, se solicita la opinión de los agentes interesados sobre temas como los principales desafíos y oportunidades sociolaborales del proceso de transición energética en los próximos cinco años, así como la identificación de colectivos y territorios vulnerables ante la descarbonización o los instrumentos y políticas necesarios para garantizar una transición justa.
También se cuestiona en la consulta sobre los mecanismos de coordinación institucional y social que mejoren la eficacia de las actuaciones u otros elementos que deberían tenerse en cuenta el diseño y la ejecución de la nueva estrategia.
Hacia una transición justa
España cuenta desde 2019 con un Marco Estratégico de Energía y Clima, con tres ejes principales: la mitigación, la adaptación y la transición justa.
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada el 20 de mayo de 2021, establece que la Estrategia de Transición Justa, que debe actualizarse cada cinco años, constituye el instrumento de ámbito estatal dirigido a la optimización de las oportunidades en la actividad y el empleo de la transición hacia una economía baja en emisiones de gases de efecto invernadero y a la identificación y adopción de medidas que garanticen un tratamiento equitativo y solidario a las personas trabajadoras y territorios en dicha transición.









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