Ningún comentario El Gobierno ha abierto una consulta pública para recabar las opiniones de ciudadanos, empresas y expertos sobre la propuesta legislativa de la Comisión Europea destinada a eliminar progresivamente las importaciones de gas ruso en la Unión Europea.
La consulta forma parte del Estudio de Impacto sobre las Propuestas Legislativas de la Comisión Europea (EIPLE), una herramienta diseñada para analizar los efectos técnicos, económicos y regulatorios de cada iniciativa comunitaria. En este caso, el Ejecutivo español pretende conocer las implicaciones que tendría para el país la propuesta de Bruselas de modificar el Reglamento (UE) 2017/1938, con el fin de eliminar gradualmente las importaciones de gas, petróleo y energía nuclear procedentes de Rusia.
Calendario progresivo
La propuesta de reglamento, presentada por la Comisión el 17 de junio de 2025, da continuidad a la hoja de ruta “REPowerEU: Roadmap towards ending Russian energy imports”, lanzada en mayo del mismo año. Bruselas plantea un calendario progresivo: la prohibición de nuevos contratos de gas ruso a partir del 1 de enero de 2026, la cancelación de los contratos a corto plazo desde el 17 de junio de 2026 y la de los contratos a largo plazo desde el 1 de enero de 2028.
El objetivo, según la Comisión, es reducir la dependencia energética de la UE respecto a Rusia, una vulnerabilidad que se intensificó tras la invasión de Ucrania en 2022. Pese a los avances logrados con el plan REPowerEU, en 2024 se registró un repunte de las importaciones de gas ruso, lo que motivó la adopción de esta nueva iniciativa.
La consulta pública invita a los actores del sector energético —compañías, asociaciones, sindicatos, expertos y ciudadanía— a pronunciarse sobre los problemas que la norma pretende resolver, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos y las posibles soluciones alternativas. Entre las opciones analizadas figuran la no aprobación de la norma, la modificación del calendario o la aceptación del esquema propuesto por la Comisión.
Impacto
La medida impactaría directamente en el suministro de varias compañías españolas. Naturgy, por ejemplo, obtiene un 17% de su aprovisionamiento global de gas de Rusia, a través de un contrato a largo plazo firmado en 2013 con el consorcio formado por Novatek, TotalEnergies, CNPC y Silk Road Fund, con vigencia hasta 2038. Este acuerdo incluye cláusulas take or pay, que obligan a pagar por los volúmenes comprometidos aunque no se consuman.
Por su parte, Repsol mantiene un contrato similar con Novatek desde 2019, también con vencimiento en 2038, para la compra de 1,4 bcm anuales. Ambas empresas estudian cómo adaptarse a la nueva regulación. Desde Naturgy explican que “es pronto para saber si se podrá vender el gas ruso en otros mercados fuera de la UE, hasta que no esté todo claro no se pueden hacer conjeturas”.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró tras la reunión del Eurogrupo que el Gobierno trabaja para “minimizar el impacto” de las sanciones sobre las empresas españolas. “Desde España nuestras compañías ya están haciendo un esfuerzo adicional, aumentando las importaciones de gas estadounidense y diversificando sus fuentes”, explicó.
El analista energético Pedro Cantuel, de Ignis, valora positivamente la propuesta de la Comisión: “Aporta por fin un marco operativo claro y mucho detalle sobre cómo quedará la relación entre las compañías gasistas europeas y Rusia”. En su opinión, el mercado ya asumía que el fin del gas ruso llegaría hacia 2027-2028, y la oferta global de GNL estadounidense y catarí podrá cubrir sin grandes sobresaltos la demanda europea.
Cantuel advierte, sin embargo, que el precio del gas en Europa dependerá de factores logísticos y de la capacidad de regasificación, especialmente en el norte del continente. “El gas estará disponible, pero su precio marginal dependerá de la demanda invernal, la logística marítima y los cuellos de botella en terminales”, señaló.
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