El Gobierno “limpia” una treintena de comercializadoras eléctricas tras no comprar energía en el último año

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha iniciado el procedimiento para extinguir la habilitación de cerca de una treintena de comercializadoras de electricidad que no han adquirido energía en el mercado de producción durante el último año, según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE). La medida supone, en la práctica, un proceso de depuración del registro de comercializadoras inactivas y conlleva la suspensión cautelar de determinados derechos mientras se tramita el expediente.

El acuerdo, adoptado el 9 de febrero de 2026 por el director general de Política Energética y Minas y hecho público mediante anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica, afecta a un total de 31 empresas. La causa que motiva la apertura del procedimiento es no haber adquirido energía en el mercado de producción en el plazo de un año, circunstancia que, de acuerdo con la normativa, puede derivar en la extinción de la habilitación para ejercer la actividad de comercialización.

Sociedades incluidas

Entre las sociedades incluidas en el procedimiento figuran A&R Interxat Ibérica, Ahorra Energía Asesores, Antuko Energía, Colabora Energía-Argus, Debaru Energía, Econactiva Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha, Elte Software, Energía Río Ezka-Ezka Ibaia Energia, Energy Solar Tech, Energya VM Energías Especiales, Evershining Energy, GC2 Proyectos y Gestionna Soluciones Energéticas. También se encuentran Gunvor International B.V. Amsterdam Geneva Branch, Ignis Energía, Inmobiliaria de Construcciones y Arriendos, Luciferasa-1 Energía, Lumenaza GMBH, Luz del Pueblo, Malaka Energía y Movhera - Hidroeléctricas do Norte.

Completan la relación Naturgy Renovables, Powen Iberia, la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria, Spock P2P, Tucan Energía, Umbrella Electron, Vesta Renovables y Viroque Energy.

Acceso a las bases de datos

De forma simultánea al inicio del expediente, el Ministerio ha acordado suspender, durante la tramitación del procedimiento, el derecho de estas empresas y de sus representantes a acceder a las bases de datos de puntos de suministro reguladas en el artículo 7 del Real Decreto 1435/2002, que establece las condiciones básicas de los contratos de adquisición de energía y de acceso a las redes en baja tensión.

El acuerdo concede a las empresas afectadas un trámite de audiencia de diez días hábiles, contados desde el día siguiente a la notificación, para que puedan presentar alegaciones, documentos y justificantes que consideren oportunos.

Asimismo, se ha dado traslado de la decisión a Red Eléctrica de España, al Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a los distribuidores eléctricos, que dispondrán también de un plazo de diez días hábiles para formular las alegaciones que estimen pertinentes.