Ha tardado más de lo previsto porque el asunto catalán lo ha retrasado un poco más de lo que pretendía el Gobierno. Pero ya llevaba en la agenda de Moncloa algunas semanas. Rajoy lleva al Tribunal Constitucional la Ley de Cambio Climático que aprobó el Parlament de Cataluña.
Concretamente, el recurso impugna quince artículos; las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y séptima; la disposición transitoria tercera; y las disposiciones finales quinta y sexta.
Para el Ejecutivo, estos artículos, cuya suspensión también solicita, invaden las competencias del Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y del régimen minero y energético y la legislación básica sobre protección del medio ambiente.
Un recurso el del Gobierno que ha elevado en varias ocasiones al Constitucional contra las normativas autonómicas que querían sobrepasar las competencias en materia energética. Toda la planificación se dirige desde el Ministerio y no desde las comunidades autónomas. Así, por ejemplo, ha elevado al TC las normativas antifracking de varias comunidades autónomas, o normativas de autoconsumo.
Por ello, el Gobierno recurre todos esos artículos que se refieren, entre otras cosas, al cierre de las centrales nucleares antes de 2027 o a la prohibición explícita de exploración y producción de hidrocarburos no convencionales (fracking).
También se refiere a la normativa a los objetivos de renovables, eficiencia y reducción de emisiones, algo que recae en el conjunto del estado, por lo que también queda recurrido. También la aplicación de una fiscalidad verde con la que pretendía poner precio al carbono.
En definitiva, todo lo referido a energía queda recurrido, y por tanto de no aplicación hasta que se pronuncie el Constitucional.
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