El Gobierno necesita tanto el impuesto a las energéticas como el 'dieselazo': se la juega en estas navidades

Este jueves es fundamental para saber si finalmente el impuesto a las energéticas se prorroga o no.

Por un lado, se sitúa el Gobierno (PSOE y Sumar) que están necesitados de obtener ingresos y por ello quiere prorrogar de alguna manera el impuesto a las energéticas.

Lo ha intentado de todas las maneras. Pero no lo ha conseguido. Algunos socios como Junts o PNV lo han impedido, aunque a decir verdad más los catalanes que los vascos, que precisamente lo que quieren es tener el poder de recaudarlo y así dar exenciones a sus compañías, pero eso es una figura poco solidaria y con posible recorrido judicial.

El caso es que el Gobierno no da su brazo a torcer y este miércoles logró un acuerdo con algunos de sus socios para aprobar un decreto y así prorrogar el impuesto a las energéticas que finaliza el próximo 31 de diciembre.

Dicho acuerdo fue con ERC, Bildu y BNG, pero de momento no cuenta con el apoyo de Junts, PNV y Podemos, que ni acudieron a la cita de ayer cuando Hacienda les convocó.

Estos partidos son fundamentales para la aprobación del real decreto en el Congreso, por eso, en su negociación, el Gobierno quiere atraer a Podemos y PNV a la propuesta asegurándoles que en 2025, el gravamen lo convierte en un nuevo impuesto. Queda ver si los convence o no.

Enmienda del PP

Ahora, este jueves es la baza del otro lado. El PP ha introducido una enmienda en el Senado y se vota este jueves en el Congreso para derogar la base legal del gravamen temporal a las energéticas que se aprobó en una ley a finales de 2022 y que desde entonces se viene prorrogando.

Si esa enmienda prospera con un apoyo puntual de PNV o Junts, que ya no quieren prorrogar la tasa, implicaría que el Gobierno tendría que renunciar a la fórmula del decreto y empezar de cero con un proyecto de ley que, como pronto, tendría que empezar a tramitarse el año que viene.

Sería un patadón para adelante. La incertidumbre continuaría dentro del sector energético que tiene en cartera decenas de miles de millones de euros para invertir en distintos proyectos en España.

Sin un marco fiscal claro, es complicado que el sector energético pueda llevar a cabo dichas inversiones. La seguridad jurídica es fundamental, y en este caso, el sector energético, que realiza inversiones a 30 años no puede estar a merced de cómo sople el viento por Moncloa. Necesita tener las cosas más claras.

Lleva así varios meses con el impuesto para arriba, con el impuesto para abajo. Hoy parece que se puede decidir, pero el Gobierno lo volverá a intentar el próximo año, porque necesita esos ingresos.

Subida al gasóleo

Y también los de la subida del impuesto al diésel. El denominado 'dieselazo' no es más ni menos que equiparar la fiscalidad del gasóleo con la de las gasolinas.

La subida consiste en que el tipo general del combustible diésel pasará de 0,307 euros por litro a 0,40069 euros. De esta manera, el gasóleo de automoción pagará en concepto de impuesto de hidrocarburos un total de 0,47269 euros por litro (0,40069 euros de tipo general y 0,072 euros de tipo especial), igual que la gasolina, en lugar de los 0,379 euros por litro actuales (0,307 euros de tipo general y 0,072 euros de tipo especial).

Parecía que estaba enterrado al no haberse aprobado en la "reforma fiscal" del Gobierno, pero no le salen las cuentas al Gobierno. Por eso, ha vuelto a resucitarlo.

No es que el PSOE y Sumar incremente el impuesto al diésel si no se aprueba el de las energéticas. La situación es distinta. Quiere los dos. Así se lo prometió a Bruselas, y de momento no tiene nada.

El ministro económico Cuerpo dice que hay tiempo. El Gobierno tiene estas navidades para cumplir con la Comisión Europea. Si no se puede meter en un lío. Y eso es lo que le puede llevar a acometer más cesiones con sus socios.

Si el PSOE dice que aún se puede, no descarten nada.

Un análisis de Ramón Roca, director de El Periódico de la Energía