El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que amplía el alcance del registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono (CO2) creado en 2014, por el que obligará a la Administración General del Estado a registrar su huella de carbono y a las grandes empresas a dar publicidad de la misma y de sus planes de reducción de emisiones.
Así lo ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, que ha especificado que el sector público tendrá la obligación de inscribir la huella en el registro de Transición Ecológica.
En este sentido, ha señalado que la empresas que ya están obligadas a calcular su huella de carbono desde 2018 podrán registrarla de manera voluntaria, aunque en cualquier caso deberán darle publicidad, así como a su plan de reducción de emisiones.
A su juicio, este plan tiene que ser "ambicioso, realista, estar alineado con la neutralidad climática y con el Pacto Verde" europeo. Por ello, las empresas están obligadas a contemplar en él como mínimo un objetivo cuantificado de reducción de emisiones en un periodo de cinco años, así como medidas concretas para conseguirlo.
La huella de carbono
"Hemos dado un paso más, un paso adelante en la lucha contra el cambio climático, la sostenibilidad y la protección de nuestra sociedad y los ecosistemas", ha señalado Aagesen.
Según explica el Miteco, la norma está enfocada a dos colectivos. Por un lado, las sociedades que formulen cuentas consolidadas y las sociedades de capital cuyo número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 500 y que tengan consideración de sociedades y entidades de interés público o cumplan con la condición de ser una gran empresa.
Por otro, la Administración General del Estado, departamentos ministeriales, organismos autónomos, entidades gestoras, servicios comunes de la Seguridad Social y otras entidades del sector público administrativo estatal.
De este modo, el decreto da continuidad al Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono de Miteco que lleva en funcionamiento desde el año 2014. Con esta norma, se amplía su alcance para dar cabida a nuevas tipologías de proyectos de absorción y a las huellas de carbono de evento, introducir aclaraciones adicionales que permitan mejorar su funcionamiento, establecer requisitos adicionales de participación que completen los ya existentes, introducir mejoras en la tramitación y reforzar la coordinación con los registros equivalentes autonómicos.
El registro recoge los esfuerzos de las organizaciones españolas en el cálculo y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que genera su actividad. A su vez, les facilita la posibilidad de compensar toda o parte de su huella de carbono, mediante una serie de proyectos forestales ubicados en territorio nacional. Estos proyectos integran numerosos beneficios ambientales y sociales, entre los que se encuentra la absorción de dióxido de carbono de la atmósfera.
De este modo, mediante la norma hoy aprobada, tal y como recogía la Ley de cambio climático y transición energética de 2021, se establece la obligación del cálculo de la huella de carbono, del establecimiento de un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de su publicación para un conjunto de empresas, así como de todas las instituciones de la Administración general del Estado.
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