El Gobierno subvencionará la adaptación de los puertos para el despliegue de la eólica marina

El Gobierno ha sacado a audiencia pública previa las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la adaptación de infraestructuras portuarias en España. El objetivo es preparar los puertos estratégicos para el despliegue de la energía eólica marina y otras energías renovables del mar, en línea con los planes nacionales e internacionales de transición energética y descarbonización.

Esta iniciativa forma parte del Marco Estratégico de Energía y Clima, cuyo fin es guiar a España hacia la neutralidad climática mediante tres ejes clave: mitigación, adaptación y una transición justa. En concreto, se busca que España se convierta en un referente internacional en el sector de las energías renovables marinas, a través de la implementación de la "Hoja de Ruta para el despliegue de la eólica marina y las energías del mar", aprobada en diciembre de 2021.

Uno de los puntos destacados de esta hoja de ruta es la necesidad de reforzar las capacidades logísticas y la infraestructura portuaria. Los puertos de interés general desempeñarán un papel crucial para la fabricación y montaje de parques eólicos marinos, lo que además los posicionará como centros logísticos internacionales para la cadena de suministro de este tipo de energías.

Adecuación

Debido a la configuración geográfica de la plataforma costera española, es imprescindible que los puertos cuenten con áreas adecuadas para la construcción y montaje de aerogeneradores marinos flotantes. Estas instalaciones requieren infraestructuras de grandes dimensiones que permitan el almacenamiento de componentes de gran tamaño, como palas de aerogeneradores, tramos de torres y plataformas flotantes. Además, las explanadas portuarias deberán estar equipadas con grúas de gran capacidad, líneas de atraque de cientos de metros y servicios auxiliares como estiba y atraque de buques especializados.

La adecuación de los puertos no solo beneficiará a los proyectos de energía eólica marina a nivel nacional, sino que también los convertirá en hubs logísticos para proyectos internacionales. Estos espacios servirán para la fabricación, montaje, almacenamiento y mantenimiento de parques eólicos marinos, clave en la futura operación de estas instalaciones en aguas españolas y europeas.

Objetivos

Tal y como reza la consulta pública, "la aprobación de estas ayudas es fundamental para avanzar en los objetivos marcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, que incorpora inversiones y reformas estructurales financiadas por los fondos europeos Next Generation EU". Este plan tiene entre sus metas promover un país más verde, digital, cohesionado e igualitario, impulsando el desarrollo de las energías renovables marinas como parte de la transición energética.

Así, uno de los objetivos prioritarios de la norma es facilitar el desarrollo de proyectos industriales en estos puertos, lo que permitirá a España avanzar en la implementación de energías renovables en su territorio, al tiempo que mejora su competitividad en los mercados internacionales. La adaptación de los puertos no solo permitirá la fabricación y el montaje de grandes infraestructuras, como los aerogeneradores marinos flotantes, sino que también favorecerá la creación de 'hubs' logísticos para la operación y mantenimiento de estos proyectos.

Además, la normativa busca mejorar la seguridad jurídica y garantizar la eficiencia normativa en la concesión de subvenciones, con el objetivo de dotar de mayor certeza a las inversiones en el sector. Esto es clave para atraer capital y asegurar que las infraestructuras portuarias españolas puedan responder a las demandas logísticas y tecnológicas del sector de las renovables marinas.

Otro de los ejes fundamentales de la normativa es asegurar la transparencia en la gestión de las ayudas públicas. Esto implica establecer mecanismos claros y accesibles que permitan tanto a empresas como a otras partes interesadas conocer los criterios de concesión y el destino de los fondos, evitando posibles irregularidades y optimizando el uso de los recursos públicos.