La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho este martes que el Gobierno quiere extender los descuentos a los beneficiarios del bono social, incrementar el número de familias que se pueden beneficiar de ese descuento en la factura de la luz, además de la reducción de la fiscalidad para el consumo eléctrico que inició el verano pasado.
Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha manifestado que la protección de los consumidores vulnerables es una prioridad para el Gobierno.
Ha recordado que el Ejecutivo ya amplió el descuento del bono social del 25 % para los consumidores vulnerables y del 40 % para los vulnerables severos al 60 % y el 70 %, "y queremos extender este descuento, incrementar el número de familias que se pueden beneficiar del bono social".
También ha dicho que el Gobierno quiere reforzar a los consumidores industriales en una situación complicada en este momento, bien por ser una industria electrointensiva que no tenga suficiente cobertura garantizada por contrato frente a la subida de los precios de la luz, bien porque necesiten ver reforzadas las compensaciones.
Ha indicado que el Gobierno va a seguir trabajando en este tipo de medidas, junto con el resto de medidas regulatorias, como las que está planteando en el ámbito europeo para que los precios del gas dejen de disparar los del mercado eléctrico.
Además, ha señalado que, en paralelo, hay que buscar medidas para intentar paliar el impacto de la crisis de precios energéticos en otros suministros que no son los eléctricos.
Preguntada si el Gobierno tiene un plan por si sus propuestas en materia de energía no salieran adelante en la reunión del Consejo de Ministros europeo del 24 y el 25 de marzo, Ribera ha manifestado que lo prudente es trabajar en el marco europeo y, en función de las herramientas con que cuente el Gobierno el próximo viernes, ultimar un paquete de medidas para aprobarlo el próximo martes.
Ha dicho que para armar ese paquete de medidas es clave el resultado final del Consejo de Ministros europeo y ha recordado que la actual crisis tiene dos tipos de desafíos, por un lado, la seguridad del suministro de energía y por otro los precios, que no afectan de la misma medida a todos los países, siendo España uno de los países más afectados en este último caso.
La ministra ha explicado que de lo que se está tratando es de conseguir una respuesta que "provea de la capacidad adecuada a los estados miembros" para que cuenten con un marco común y para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las decisiones que se adopten.
España defiende que las medidas no sean sólo por la vía de que salgan del contribuyente, ha dicho Ribera, que ha señalado que el debate está también en decidir hasta dónde se pueden facilitar soluciones puntuales que eviten distorsiones importantes en los precios de la electricidad para los estados miembros.
Ha añadido que cree que la posición de España es entendida, comprendida y respaldada en Europa, en cuanto al desafío que tiene en los precios por haber apostado tanto por su seguridad energética y las renovables, y a la que no se le puede reprochar que por su bajo nivel de interconexión, por debajo del de Europa, el gas le genere una distorsión mucho mayor en los precios que a otros estados miembros.
Ribera ha negado que exista algún tipo de retraso por parte del Gobierno español a la hora de adoptar medidas y ha recordado que las que están adoptando otros países miembros no son aplicables hasta el 1 de abril.
Ha añadido que es mejor esperar al Consejo de Ministros europeo que ir aprobando medidas parciales, que hagan más difícil tener una valoración del impacto conjunto del paquete de medidas que se va a adoptar, al tiempo que ha recordado que España no parte de cero, pues viene aprobando medidas desde el verano.
Guievara
24/03/2022