El Consejo de Ministros acordó interponer recurso de inconstitucionalidad en relación con un artículo de la ley de ordenación minera de las Islas Baleares, de octubre de 2014, y solicitar al TC que lo suspenda.
Según expuso el Gobierno, el artículo 23 de la ley regula las condiciones para solicitar derechos mineros sobre determinados terrenos y decreta que, en Baleares, "con carácter general, los terrenos están considerados como no registrables" y por tanto no explotables.
Sin embargo, contrapone, la ley de minas estatal otorga al Estado la potestad de declarar un terreno no registrable e impedir su explotación si no se cumplen los requisitos establecidos por la citada norma.
En esta línea, argumenta que "no está previsto que un territorio tan amplio como toda la extensión de una comunidad autónoma se declare como no registrable, pues eso impediría, en la práctica, que se pudieran solicitar concesiones o permisos de investigación en la comunidad autónoma".
El Gobierno apela al artículo 128.1 de la Constitución, que señala que "toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general", para concluir que "no puede admitirse" que Baleares "establezca prohibiciones desproporcionadas" que "puedan dar lugar a la privación de recursos relevantes e incluso eventualmente esenciales o estratégicos para el interés general".
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