El Consejo de Ministros de este viernes trae una sorpresa. A lo ya conocido, es decir, la aprobación del nuevo Real Decreto por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica, el Gobierno ha decidido resolver las reclamaciones patrimoniales de responsabilidad patrimonial formuladas por las compañías eléctricas, por las que solicitaban indemnización por los daños ocasionados por infracción del Derecho Comunitario derivados de la aplicación del Real Decreto-Ley 6/ 2009, de 30 de abril, por el que se aprueba el bono social.
Es decir, el Gobierno resuelve ahora las indemnizaciones que pidieron las compañías eléctricas afectadas cuando el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero aprobó la creación del bono social hace siete años.
Según ha podido saber El Periódico de la Energía, los casos que ha resuelto el Gobierno y que aprobará en el Consejo de Ministros son los de Nueva Generadora del Sur, S.A., Gas natural SDG, S.A., E.ON Generación, SL (ahora Viesgo), Endesa Generación, SA, Endesa Energía XXI, SA, Castelnou Energía, SL, y GDF Suez Cartagena Energía, SL.
Faltaría Iberdrola, que ya ganó una sentencia del Supremo en 2012 y a la que se sumaron luego el resto de compañías afectadas.
El bono social fue creado en 2009 por el Gobierno para apoyar a los consumidores más vulnerables. El coste de dicho bono fue distribuido por el Gobierno entre las compañías generadoras de electricidad.
En la sentencia a favor de Iberdrola en 2012, el Supremo destaca que no se cuestiona el bono social en sí, sino el sistema elegido para su financiación. Así, falla que la medida adoptada por el Ejecutivo es "discriminatoria" ya que carga toda la financiación de este bono social en unas empresas concretas sin explicitar las razones de esta elección.
La sentencia considera que este mecanismo de financiación supone una obligación para las empresas generadoras "que debe calificarse de discriminatoria y no transparente, además de no resultar controlable ante la jurisdicción en sus parámetros esenciales".
Nueva sentencia
Es lo mismo que ha vuelto a hacer ahora el Supremo con las cinco grandes eléctricas por el bono social de 2014 en adelante, y que según los cálculos, el Gobierno se ve en la obligación de devolver los 500 millones que adelantaron las eléctricas por el bono social.
El Gobierno ha recurrido esta sentencia del Supremo, ya que cree que deben ser las compañías quienes lo sufraguen.
Habrá que ver cómo el Consejo de Ministros resuelve las indemnizaciones a las compañías afectadas por la creación del bono social. Para ello se tendrá que conocer el contenido de las referencias.
Podría optar por indemnizarlas con lo que pagaron, o por contrario, dejarlo como está y no pagarles nada al respecto.
De esta manera, el Gobierno vuelve a hacer pagar el bono social a las eléctricas a partir de 2017, ahora a todas las comercializadoras según el número de clientes, y podría indemnizarlas por financiaciones pasadas.
Deja tu comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Todos los campos son obligatorios