El Consejo de Gobierno de Canarias ha impuesto una sanción a la compañía Unelco-Endesa de 12,1 millones de euros por el cero energético que se produjo el 30 de julio de 2023 en La Gomera, que dejó sin electricidad a la isla durante 37 horas, ha informado Mariano Zapata, consejero de Transición Ecológica y Energía.
En el decreto aprobado, que resuelve el expediente sancionador, se declara a la empresa responsable de dos infracciones muy graves, según la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, en concreto por no mantener las instalaciones en condiciones adecuadas y por interrumpir el suministro eléctrico fuera de los supuestos legalmente previstos.
Las sanciones para estas dos vulneraciones van de los 6 a los 12 millones de euros en cada una y en este expediente se ha optado por la horquilla inferior de 6 millones, lo que suma la cifra total de 12 millones, en función de la valoración objetiva realizada por el funcionario instructor del expediente, ha explicado el consejero.
El Gobierno no puede valorar las sanciones porque son las propuestas por el instructor en base a una horquilla prevista en la Ley del Sector Eléctrico y a los incumplimientos cometidos en este procedimiento, indicó Zapata.
Pero recordó que las anteriores sanciones por apagones del Gobierno de Canarias en la legislatura anterior, "anunciadas a bombo y platillo", tuvieron que ser devueltas por incumplimiento de los plazos.
En esta ocasión, agregó, la sanción se produce después de modificarse la Ley del Sector Eléctrico "para adaptar los plazos canarios a los estatales", por lo que confió que en este expediente se marque "un antes y un después en la imposición de sanciones en Canarias por incumplimientos en el sistema eléctrico".
Las responsabilidades de Endesa
El consejero de Transición Ecológica y Energía aseguró que por primera vez se actúa "con firmeza" en un apagón que afectó a miles de personas, con lo que el ejecutivo quiere enviar "un mensaje claro", que "en Canarias la calidad del servicio eléctrico no es negociable y exigimos responsabilidades".
"Esta sanción no es una declaración de intenciones, sino una acción concreta, una prueba más de que este ejecutivo no mira hacia otro lado y que, cuando se trata de proteger el interés general, actúa", ha afirmado Zapata.









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