La primera reacción del Ministerio, a través de la vicepresidenta Sara Aagesen, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, fue que repartía culpas entre Red Eléctrica, como oprerador del sistema, y las grandes eléctricas como propietarias de gran parte de la red de distribución y del parque de generación.
Pero en el plan de medidas a adoptar en el futuro que recoge el Gobierno en su Informe del Apagón deja claro que tanto el Gobierno como la CNMC no han hecho los deberes a la hora de aprobar algunos procedimientos de operación en el pasado que hubiesen ayudado a Red Eléctrica a gestionar mejor el incidente que llevó a España y Portugal al cero energético.
Según el informe, el Gobierno afirma que tras lo sucedido el 28A se plantea analizar y revisar los procedimientos de operación en lo relativo a los criterios generales de protección del sistema eléctrico, mediante la tramitación de unos nuevos P.O. 11.1 y 11.2, a partir de la propuesta del operador del sistema de finales de enero de 2025.
Estos nuevos procedimientos de operación los tiene que aprobar el Gobierno, algo que denunció El Periódico de la Energía el pasado 5 de mayo. El Ministerio desoyó a Red Eléctrica que solicitaba un cambio urgente por la excesiva entrada de renovables en el sistema eléctrico y que eso podría acarrear problemas en la seguridad de suministro.
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