La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, acaba de anunciar en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que el Gobierno suspenderá durante los próximos seis meses el Impuesto de Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) y del Impusto Especial de Hidrocarburos para la producción eléctrica, también conocido como céntimo verde.
Según Ribera, estas dos medidas conseguirán reducir la factura eléctrica de los consumidores en un 4%.
Aproximadamente, la suspensión del IVPEE repercutirá con una reducción del 2% mientras que la del céntimo verde otro 2%.
En total, teniendo en cuenta la contabilidad fiscal, seis meses representan algo más de 1.000 millones de euros aproximadamente. Unos 800 millones por el impuesto a la generación y más de 200 millones del céntimo verde, que en 2017 recaudó un total de 455 millones.
En primer lugar, se suspende el impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012, durante seis meses. En segundo lugar, se introduce una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos para desactivar el mal llamado denominado céntimo verde. Este gravamen, pensando para desincentivar el uso de fuentes de energía ligadas a hidrocarburos, emite en el mercado una señal opuesta: el céntimo es trasladado a los precios finales de la electricidad cuando tecnologías como el gas fijan los precios en el mercado mayorista.
La evolución del mercado mayorista en un escenario de normalidad apunta a que, al final de 2018, la factura de la electricidad podría experimentar una subida del 3,6% respecto del año anterior, de no adoptarse medidas. Así, para un hogar con un consumo de unos 2.600 kWh anuales, la subida podría ser de 23,4€ para el conjunto de 2018, según las expectativas de precio de mercado. En el caso de un hogar que consuma 3.600 kWh, la subida sería de unos 32,4€ en todo el año.
Las dos medidas fiscales reducirían la factura del último cuatrimestre en una cuarta parte de la subida total: unos 6,2 euros para el hogar de 2.600 kWh y unos 8,5€ para el hogar más intensivo, con consumos de 3.600 kWh. En ambos casos con una potencia contratada de 4,6 kW.
Ambas medidas se adoptan de forma temporal mientras el Gobierno de España aborda, de forma participada, un conjunto de medidas estructurales tendentes a adaptar el funcionamiento del mercado a un modelo energético diferente y más plural, que ha de ser positivo para el medio ambiente, la salud pública, la calidad de vida de los ciudadanos y la modernización de la economía.
Para garantizar que los menores ingresos tributarios derivados de las medidas anteriores pongan en riesgo la sostenibilidad del sistema eléctrico, se eleva para 2018 el límite máximo de los ingresos por la subasta de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero que se transfiere al sistema eléctrico anualmente y que hasta ahora estaba establecido en el 90% del ingreso total, con un máximo de 450 millones al año.
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