El Gobierno toma el control de todas las grandes centrales eléctricas de España

Generar electricidad en España dejará de estar liberalizado. El Gobierno del Partido Popular, 20 años después de liberalizar el mercado ha decidido tomar el control de todas las grandes centrales eléctricas del país, de más de 50 MW de potencia. Concretamente, el Gobierno toma ese control al ser el encargado de decidir si una central eléctrica puede cerrar o no. Por tanto, si quieres, puedes generar electricidad, pero si te va mal, el Gobierno no te dejará cerrar.

Hasta ahora ese control también lo poseía el Gobierno. Pero solo se autorizaba el cierre por cuestiones de seguridad de suministro. Ahora, el Gobierno amplía los criterios y por tanto hace prácticamente inviable que una compañía eléctrica pueda cerrar una central de generación por sí misma.

De esta manera, y según el borrador de RD que ha enviado a la CNMC, el Ministerio de Energía denegará el cierre de una instalación "cuando amenace a la seguridad de suministro eléctrico o a la seguridad del abastecimiento de materias primas, así como cuando suponga efectos desfavorables en los precios de la electricidad, en la competencia en el mercado eléctrico y en el cumplimiento de los objetivos en la planificación de energía y clima vigente".

Con solo incumplir una de esas causas, la eléctrica recibirá la denegación por parte del Ministerio. Teniendo en cuenta que esta decisión se llevará a cabo en las nucleares, térmicas de carbón, ciclos combinados y las grandes centrales hidroeléctricas, se hace prácticamente inviable que cualquier gran central cumpla con todos los requisitos para su cierre.

Por ejemplo. El cierre de cualquiera de las centrales nucleares provocaría un efecto desfavorable en el precio de la electricidad en el mercado.

Las centrales térmicas de carbón como Compostilla y Andorra (Teruel) que Endesa quería cerrar en 2020 no podrán hacerlo porque pone en peligro el abastecimiento del carbón autóctono, además de alterar el precio de la luz.

El cierre de las centrales hidroeléctricas provocaría falta de competencia en el mercado eléctrico, ya que es la tecnología que suele marcar precio para frenar el coste de las centrales de gas. Además, pierdes generación limpia algo que no se puede permitir España para lograr los objetivos climáticos europeos.

Y así prácticamente con todo el sistema eléctrico español, a excepción de las plantas de renovables que ninguna supera los 50 MW de potencia en el actual mercado de generación. Próximamente cuando se construyan las plantas fotovoltaicas y parques eólicos de más de 50 MW también formarán parte de este grupo de centrales afectadas.

Para obtener la autorización administrativa de cierre de una central, será el titular de la instalación quien deberá entregar la solicitud ante la Dirección General de Política Energética y Minas, acompañada de una memoria justificativa en la que se detallen las circunstancias técnicas, económicas, ambientales o de cualquier otra índole que fundamenten el cierre, información técnica de la instalación y un plan técnico y económico de desmantelamiento.

Una vez recibida la solicitud, será el Ministerio de Energía quien solicitará los correspondientes informes de valoración del eventual cierre a REE, Enagás, CNMC y otros organismos implicados.

A SUBASTA

Energía, teniendo en cuenta los informes, resolverá la autorización o denegación de la solicitud. En caso de denegarla, el titular de la instalación deberá continuar con la actividad por sí mismo o transmitir la instalación a un tercero, lo que podrá hacer --si lo desea-- mediante una subasta regulada por el Real Decreto. Esta subasta permitiría establecer si la instalación tiene valor económico para un operador distinto y, siendo este el caso, facilitaría su transmisión para que la central continuase operando.

Además, si el mecanismo de subasta no permite la transmisión a un tercero, podría aprobarse un esquema de compensación por la continuidad de la actividad, que se diseñará para asegurar que se otorga "al menor coste posible" y, en todo caso, con un coste inferior al beneficio económico que los consumidores derivarían de la continuidad de la actividad.

De esta manera, el Gobierno se asegura tener el control de todas las grandes centrales eléctricas del país. Así, e asegura que las centrales nucleares puedan mantenerse en funcionamiento al menos durante 10 años más de los 40 que tienen permitido o mantener las centrales de carbón abiertas hasta que crean conveniente.

Retroactividad

El Gobierno ha decidido aplicar retroactividad en esta normativa. Este Real Decreto se aplicará a todos los cierres que hayan sido solicitados desde la consulta pública que lanzó el pasado mes de julio sobre este tema y a los que aún no hayan sido resueltos por la Administración. Por ello, ha solicitado a Iberdrola que remita las cuentas de sus plantas térmicas de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia) correspondientes a los últimos tres años.

Iberdrola solicitó el pasado viernes al Ministerio de Energía el cierre de las plantas térmicas de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia), que suman una potencia conjunta de 874 megavatios (MW), una decisión con la que completará el proceso de clausura de todas sus centrales de carbón en el mundo.

Asimismo, indicó que el cierre de estas plantas no incidirá en la seguridad del suministro eléctrico --la compañía cuenta con 5.695 MW de capacidad de respaldo en ciclos combinados de gas-- ni afectará al empleo.

Iberdrola enmarca esta decisión dentro de su apuesta por las energías limpias y por acelerar su compromiso de reducción de la intensidad de emisiones de CO2 en un 50% en el año 2030 respecto a los niveles de 2007. El presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, afirmó este lunes que con la decisión del grupo de cerrar sus dos últimas centrales térmicas en el mundo "el porcentaje de la capacidad de producción de electricidad del grupo libre de emisiones quedará en torno al 70%".