El IDAE desmonta ante el CIADI la teoría de Soria sobre los informes con los que asestó el 'hachazo' a las renovables

En julio de 2013, el Gobierno aprobó una reforma energética en la que, entre otras cuestiones, cambiaba el sistema retributivo de las renovables y la cogeneración, que pasaba de cobrar primas a la producción a una rentabilidad razonable a lo largo de toda la vida útil de la planta.

Para calcular esta rentabilidad razonable, Industria utilizó un informe elaborado por el IDAE en el que se definían centenares de parámetros de inversión en los que se encuadraban las plantas, en función de su antigüedad, su ubicación o su tecnología.

Supuestamente, ese informe se plasmó en la orden ministerial de parámetros de retribución a las renovables en junio de 2014. El hachazo se llevó a cabo y a partir de ahí, se inició la lluvia de recursos ante el Tribunal Supremo y las distintas cortes de arbitraje. Nadie se fiaba del Gobierno, y no era para menos. El recorte asestado a las instalaciones de renovables fue descomunal. Además, la orden de parámetros no la entendía prácticamente ningún mortal.

En febrero de 2015, el Gobierno envió al Supremo el archiconocido pendrive de 20 GB con más de 400 informes con los que se llevó a cabo el recorte. Lo más llamativo de todo ello, fue que uno de los informes esperados de una de las consultoras contratadas no estaba. Fue el de Boston Consulting y que según el Gobierno fue “por no cumplir el pliego de condiciones del contrato”. La otra gran sorpresa fue que Roland Berger entregó su informe en octubre de 2014, cuando la normativa se aprobó en junio. Algo inaudito. Además, este tuvo que hacer tres versiones hasta que se lo aprobó el Gobierno.

El Ministerio, con José Manuel Soria a la cabeza, tuvo que tirar de artimañas para hacer creer su versión. Los informes de las consultoras se pidieron para contrastar. “No se ha encargado a ninguna empresa externa la elaboración” de los estándares renovables, sino que esta tarea ha correspondido “exclusivamente por los servicios del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en particular el Idae”, explicó el departamento de Energía.

Pasaron unos meses, y en septiembre de ese año, el diario El Mundo, contó que "El informe que diseñó el 'hachazo' a las renovables, fechado un año después de la reforma eléctrica". Se refería la información a que el informe del IDAE con el que supuestamente se hizo el recorte estaba fechado en junio de 2015, un año después de aprobarse la orden de parámetros.

Todo parecía increíble. Nadie explicaba cómo se hicieron los cálculos. Ya daba igual quien los hiciera. El caso de los informes de las consultoras se esfumó y se perdió en la vorágine informativa.

Pero casi dos años después, el laudo que acaba de perder España contra el fondo Eiser Infrastructure a la que tendrá que indemnizar con 128 millones de euros, ha esclarecido todo, o buena parte de este caso.

Según el laudo, que hizo público el diario Cinco Días, el propio IDAE desmontó la teoría del Gobierno. Dejó en muy mal lugar al por entonces Ministerio de Industria y ahora de Energía.

Carlos Montoya, director del departamento solar del IDAE, fue llamado a declarar como testigo por parte del Estado español. Fue el autor de la orden de parámetros. Montoya, ante la sorpresa de la Audiencia (los tres árbitros) señaló que los costos aproximados de la instalación tipo hipotética se basaron en un análisis de estudios y publicaciones disponibles.

Sin embargo, en la Audiencia agregó que también se valió de sus conocimientos personales basados en un proyecto o proyectos que había supervisado. "El Sr. Montoya admitió en su testimonio que el proceso no se basó en un análisis matemático de datos riguroso, al afirmar que “si usted busca [...] una media o una fórmula matemática, no la hay”.

es decir, que el Gobierno aprobó un recorte de ese calibre sin "un análisis matemático de datos riguroso". Lo único que utilizaron fueron unas publicaciones y su conocimiento. Un conocimiento, que según el laudo, deja bastante que desear.

"Hay un análisis de información de documentación y un conocimiento propio por haber desarrollado plantas reales y haber conocido realmente lo que cuestan estas inversiones”, dijo Montoya a los árbitros del Ciadi.

Por su parte, el laudo señala que "el Sr. Montoya declaró en este sentido que no creyó que cambiar la ubicación de una planta causaría una mayor variabilidad en los costos".

Es decir, que el experto del Gobierno en materia de renovables que hizo la orden de parámetros con la que se aplicó un recorte retroactivo a decenas de miles de instalaciones no sabe que una termosolar o una fotovoltaica varía sus costos si se construye en Sevilla o lo hace en Galicia. No hace falta muchos más comentarios.

Lo que no explica el laudo es cuando hizo realmente estas declaraciones, ya que según el documento Montoya fue a declarar en abril de 2015, es decir antes de firmar el informe con el que se hizo el recorte, y otra en noviembre de ese mismo año. Ya con el informe hecho y firmado por el mismo. Si lo hizo en abril es de entender sus declaraciones porque todavía no había hecho el informe.

Otro de los testigos que llevó la Abogacía del Estado fue Santiago Caravantes, subdirector general de Energía Eléctrica del Ministerio de Energía. Lo llamativo, es que la Abogacía del Estado pidió que su declaración no se tuviese en cuenta. El tribunal lo aceptó y por eso se desconocen sus palabras.

De dos testigos, uno dejó en mal lugar al Gobierno y el otro prefirió no contar al final con su declaración. A saber lo que dijo el subdirector de Energía. Una pena no saberlo.