El juez de instrucción de Vinaròs (Castellón) encargado del caso contra el almacén de gas Castor ha abierto una causa, en la que ha imputado a 18 personas, tras la denuncia presentada por la Fiscalía por supuestos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales.
Según informa el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la Fiscalía dirige sus acusaciones contra el Ministerio de Medio Ambiente cuando se llevó a cabo la tramitación del proyecto, contra el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y contra la empresa que construyó y explotó la planta, Escal UGS.
En cuanto a los cargos del Gobierno que están imputados se encuentran el por entonces director de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Jorge Sanz Oliva, y el que fue su sustituto Antonio Hernández García. También está imputada la ex directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, María Jesús Rodríguez de Sancho.
Según especifica el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Vinaròs, con fecha de este lunes, 26 de enero, entre los imputados se encuentra el presidente de la empresa Escal-UGS, Recaredo del Potro, y su consejo de administración.
Por parte del IGME, está imputado Jesús Gómez de las Heras, director adjunto de recursos minerales, junto a otros tres miembros.
La Fiscalía de Castellón acordó en octubre de 2013 incoar diligencias de investigación penal y no fue hasta septiembre de 2014 que decidió denunciar a los responsables que tramitaron el proyecto Castor y a la empresa Escal por presunta prevaricación medioambiental.
La denuncia de Fiscalía se dirigía, en concreto, contra los responsables del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria que intervinieron en la tramitación de la concesión de explotación de tal proyecto, así como contra la mercantil Escal UGS.
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