La investidura del nuevo presidente de Cataluña, Quim Torra, no solo desactiva el artículo 155 sino permite que se pueda poner en marcha la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que aprobó el Parlament en julio pasado. Una Ley que fue recurrida por el Gobierno central ante el Constitucional y que éste levantó la suspensión de todos sus artículos excepto el relativo al _fracking _simplemente porque ya lo había prohibido anteriormente en otras comunidades autónomas, por lo que es una Ley que está vigente mientras se pronuncia el Alto Tribunal.
En julio pasado el Parlament de Cataluña la aprobó y ha estado esperando su momento para ponerse en marcha. Y ya ha llegado. "La ley es extensa, el Gobierno tardo cuatro años para obtener el consenso de su contenido y enviarla al Parlament para su debate y aprobación", explica Assumpta Farran, directora del ICAEN (Institut Català d'Energia), "entró pretendiendo ser una Ley de Cambio Climático, pero las aportaciones en el ámbito energético de todos los grupos del Parlament, que la tramitaron en un año y medio, la mejoraron especialmente en lo referente a energía".
Según su artículo 1, su objetivo es 'la regulación de las medidas encaminadas a la mitigación y la adaptación al cambio climático, la definición del modelo de gobernanza de la Administración pública con relación al cambio climático y el establecimiento de impuestos como instrumento para actuar contra el cambio climático'.
"Hasta que el Constitucional entre en el fondo de la cuestión, podemos trabajar en todos los puntos que aprobamos en la Ley excepto en el tema del fracking" añade. "No tiene sentido que nos la invalide el Tribunal porque, tal y como está elaborada, son competencias propiamente autonómicas, como la de gestión, control, desarrollo y adaptación de medidas para luchar contra el cambio climático". Aún así reconoce que "el único artículo que sabemos que no va a prosperar es el de cierre de centrales nucleares".
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Las estrategias específicas en materia energética incluyen 'un marco normativo que favorezca el autoconsumo a partir de renovables, el fomento de la generación de energía distribuida y la implantación de redes de distribución de energía inteligentes, la promoción del modelo contractual de rendimiento energético con garantía de ahorro en los edificios públicos o el desarrollo e impulso de una estrategia de infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico', según dicta su Disposición final sexta.
"Hay que ser responsables pero la realidad es que muchos artículos no dependen del Constitucional. Por ejemplo, Cataluña se ha propuesto que en 2030 se reduzcan un 50% las emisiones de CO2 provenientes de la generación eléctrica, es decir, que aumenten las renovables, y más en un momento en que la generación distribuida es más posible que nunca", señala, "por eso, en Cataluña vas a ver pocos parques renovables de más de 50 MW, por debajo de esta potencia son competencias autonómicas y podemos trabajar por ahí, también podemos mejorar nuestra participación en renovables gracias a la generación distribuida y compartida, incluso con el autoconsumo".
Sin embargo, por el momento Farran reconoce que "el autoconsumo compartido, para que sea viable dentro de un mismo edificio, está complicado. Nos enfrentamos a dificultades técnicas. Me refiero a solucionar cómo conectar una red interna de contadores en cada vivienda si no existe un protocolo de lectura aprobado por REE, que actualmente solo puede registrar los datos de un contador externo. Esto supone en la práctica que cada vivienda tendría que tener, además del contador, un inversor, con lo que los costes se dispararían".
"Necesitaríamos que el Ministerio de Energía diera las instrucciones a Red Eléctrica para que definiera el protocolo de actuación y como no es así, nos lleva a inviabilidad técnica y económica" asegura la responsable del ICAEN. Aún así, "el autoconsumo compartido no está lo suficientemente maduro ni ha calado lo suficiente en la población, pero es una prioridad para la Generalitat, es la clave para empezar a agregar recursos distribuidos".
Presupuestos prorrogados
La Ley catalana también dibuja las medidas que deben adoptarse para que en 2050 sea un modelo cien por cien renovable, desnuclearizado y neutro en emisiones de gases de efecto invernadero.
"Cataluña está con presupuestos prorrogados, es decir, que son los mismos que se aprobaron en 2017, y eso incluye la partida de ayudas y subvenciones para los paneles fotovoltaicos, el autoconsumo y el vehículo eléctrico, así que este año hemos operado con la misma cantidad" concluye Assumpta Farran, "no están recogidas las ayudas a las baterías y al almacenamiento energético porque cuando se aprobaron estas medidas, hace ya dos años, no se contemplaba el desarrollo tecnológico que están teniendo". Sin embargo, avisa que "tardaremos un poco más pero las tendremos en el futuro".
Respecto al sector del vehículo eléctrico la situación es más compleja. La Generalitat aprobó un Plan plurianual 2016-2019, el PIRVEC (Plan para la infraestructura de recarga para el vehículo eléctrico en Cataluña), con una dotación económica diferente cada año, "pero como hemos tenido retenido el presupuesto por el artículo 155 y necesitábamos que el Ministerio diera la orden para traspasar el dinero, al final hemos mantenido la misma cifra que el año pasado, 800.000 euros para la infraestructura de recarga".
Aún así sabe que no se podrán aprovechar al cien por cien estas ayudas porque "dependen de que los Ayuntamientos abran un proceso de contratación pública y ya no les da tiempo a prepararlo".
En definitiva, la responsable de Energía del Gobierno de Cataluña asegura que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética está en marcha y que, gracias a la aportación que hicieron en su momento todos los grupos políticos en el Parlament, será posible.
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