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El mercado minorista de la electricidad ocupa desde hace semanas un lugar destacado en la información económica. Que un servicio esencial suscite atención pública es legítimo y saludable, y el sector debe recibir ese escrutinio sin incomodidad alguna.

Desde ACENEL —asociación que representa a más de cincuenta comercializadoras independientes de electricidad— consideramos necesario aportar algunas precisiones. Empecemos por un dato que rara vez acompaña a los titulares: las comercializadoras que ejercen hoy de manera efectiva su actividad en España son en torno a cuatrocientas cincuenta, y la práctica totalidad de ellas cumple con rigor sus obligaciones.

La segunda precisión es elemental: hay que distinguir. No es lo mismo una comercializadora que presta servicio con normalidad y atiende puntualmente sus obligaciones, que una sociedad que incumple sus compromisos económicos con el sistema. Son realidades distintas, exigen tratamientos distintos y agruparlas bajo una misma etiqueta no ayuda al consumidor: lo desorienta.

Conviene recordar, además, qué ha aportado la comercialización independiente. Competencia efectiva en un mercado que durante décadas funcionó como un oligopolio. Un contrapeso frente a la contratación masiva e impersonal, basado en la cercanía, el asesoramiento y la atención personalizada. Innovación en las ofertas y en el servicio. Y una presión a la baja sobre los precios de la que se ha beneficiado directamente el cliente. La pluralidad del mercado no es una anomalía que corregir: es una conquista que preservar.

Su aportación, además, va más allá de la competencia: impulsa la innovación y la especialización del sector. Muchas comercializadoras independientes han sido pioneras en soluciones de autoconsumo, comunidades energéticas, eficiencia energética, flexibilidad de la demanda o productos adaptados a las necesidades específicas de empresas y hogares. Generan empleo cualificado, dinamizan el tejido empresarial y acercan la transición energética al consumidor desde una perspectiva más próxima y personalizada. Limitar su capacidad de competir supondría reducir la diversidad de soluciones disponibles y empobrecer el funcionamiento del mercado.

A ello se añade un aval que merece ser recordado. La práctica totalidad de las comercializadoras que hoy operan superó la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, cuando los precios mayoristas alcanzaron niveles muy superiores a las tensiones actuales. Aquella fue la prueba de solvencia más severa que ha conocido el sector, y se superó sobre el terreno, no sobre el papel. Ninguna auditoría teórica puede igualar un examen aprobado en las peores condiciones posibles.

Obligaciones

Cuestión distinta es la de quienes incumplen sus obligaciones y, con su conducta, perjudican al sistema y a la confianza de los consumidores. Aquí la posición de ACENEL es inequívoca y no admite matices: quien incumple, defrauda o pone en riesgo al sistema debe ser detectado, suspendido e inhabilitado. Y el refuerzo que el mercado necesita apunta precisamente en esa dirección: endurecer las condiciones exigibles al incumplidor, no las del conjunto. Pueden ponerse en marcha sistemas de detección temprana —seguimiento continuo del cumplimiento de garantías, peajes y cargos, con alertas automáticas ante los primeros indicios de deterioro— que permitan actuar antes de que el daño se produzca, y no meses después, cuando ya es irreparable. Y pueden aplicarse nuevas medidas que señalen con claridad al incumplidor y lo expulsen del sistema con agilidad, impidiendo además que los inhabilitados —o las personas a ellos vinculadas— reincidan constituyendo nuevas sociedades. Buena parte del camino está ya recorrido: la normativa vigente permite inhabilitar al incumplidor y traspasar sus clientes. En la persecución del incumplidor no habrá aliado más firme que la comercializadora honesta.

Nuestra preocupación es otra, y es de proporcionalidad. No existe en toda la cadena de suministro eléctrico ningún agente que soporte una carga económica, regulatoria y administrativa comparable a la de una comercializadora: adelanta pagos, constituye garantías, asume el riesgo de precio y el de impago, y absorbe cada modificación normativa que se aprueba. Se le exige cada vez más y se le reconoce cada vez menos. Las medidas dirigidas a corregir conductas irregulares deben apuntar con precisión a quienes las cometen, sin trasladar al conjunto del sector una carga —o una imagen— que no le corresponde. Esta inquietud por la transparencia y la previsibilidad de los costes del sistema, y en particular de los servicios de ajuste, no es exclusivamente española: es una preocupación compartida a escala ibérica, como pusieron de manifiesto las asociaciones de comercializadores independientes de España y Portugal en su reciente encuentro de Oporto.

Se ha señalado, asimismo, que un mayor número de agentes añade complejidad a la gestión del sistema. Conviene, no obstante, ponerlo en perspectiva: mientras el número de participantes ha crecido de forma moderada, la capacidad de cálculo, los sistemas y la digitalización han avanzado de manera incomparable. Si algo permite la tecnología actual es, precisamente, integrar a más participantes y aprovechar los beneficios de una competencia más amplia, en lugar de invocarla para restringirla.

Objetivos

Un mercado maduro debe conciliar dos objetivos que no son contradictorios: una supervisión exigente y una competencia amplia. Un número amplio de operadores no es un signo de desorden, sino de competencia, y la creciente presencia de comercializadoras independientes constituye uno de los mejores indicadores de un mercado sano. Rigor con el incumplidor, sí; sospecha sobre el conjunto del sector, no.

España afronta, además, una profunda transformación de su sistema energético. Alcanzar los objetivos de electrificación, descarbonización y participación activa del consumidor exigirá un mercado abierto, competitivo y con operadores diversos, capaces de innovar y de ofrecer soluciones adaptadas a cada cliente. Defender la comercialización independiente es, en definitiva, defender la competencia, la libertad de empresa y el bolsillo del consumidor. Sería una pésima noticia que, con la excusa de perseguir a unos pocos, acabáramos empobreciendo el mercado que ha conseguido, al cabo de tantos años, abaratar de verdad la factura de la luz. ACENEL seguirá ofreciéndose como interlocutor leal y constructivo ante las administraciones y los organismos reguladores para lograrlo.

Escribe Javier Colón Cortegoso, Presidente de ACENEL, en nombre de las comercializadoras asociadas (Asociación de Comercializadores de Energía Eléctrica)

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