Hace solo una par de semanas el Gobierno vetó una Proposición de Ley de la antigua Convergència (ahora PDeCAT) para el fomento de la electrificación del transporte en carretera, y ahora el Partido Popular ha conseguido sacar adelante la suya en la Comisión de Industria. Se trata de una Proposición No de Ley que ha conseguido el apoyo de Ciudadanos y la abstención del PSOE.
El principal escollo que argumentó entonces el Ejecutivo fue el presupuestario, ya que la iniciativa del PDeCAT suponía un aumento presupuestario de 3,50 millones de euros anuales en el plan de subvenciones de compra de vehículo eléctrico, amén de otros supuestos, como modificar la Ley del Sector Eléctrico, cambiar las leyes de Impuestos Especiales y de Haciendas Locales y adaptar varios decretos.
De haber salido adelante y no haber recibido el veto del Gobierno, la Ley de medidas de fomento de la electrificación del transporte por carretera, para fomentar la movilidad con energía eléctrica hubiera puesto en marcha un desarrollo normativo sobre el gestor de carga, un plan de ayudas económicas ininterrumpidas hasta diciembre de 2020, no solo para la compra del vehículo eléctrico sino para las instalaciones de recarga, la obligatoriedad de incluir puntos de recarga en aparcamientos públicos, o la reventa de la energía sobrante de los gestores de carga.
Pero como no pudo prosperar una vez parado por el Ejecutivo, el grupo parlamentario popular ha aprovechado su turno y ha presentado una Proposición No de Ley relativa al impulso de un conjunto de medidas para fomentar el uso del vehículo propulsado mediante energías alternativas en España.
Es una PNL que solo sirve para conocer cuáles son los planes sobre el sector del grupo popular, pero que es especialmente significativa al ser ésta la propuesta del partido en el Gobierno.
En ella, el PP defiende la necesidad de "impulsar las energías alternativas en la movilidad" porque ofrece "infinidad de beneficios a nuestra sociedad tanto desde el punto de vista medioambiental como económico". Su objetivo es cumplir con los objetivos de la Comisión Europea en materia de eficiencia energética, renovables y emisiones de CO2, respetando la neutralidad tecnológica, además de reducir la dependencia energética del exterior.
Las medidas centran toda su atención en fomentar el desarrollo de las infraestructuras de recarga, "siendo fundamental el papel de los fabricantes y comercializadores de vehículos en el desarrollo e implantación de esta estrategia", y en las administraciones locales que "juegan aquí un papel fundamental a la hora de eliminar barreras legales y administrativas".
Además, la PNL incorpora medidas para desarrollar ofertas formativas en este ámbito y disponer así de mano de obra cualificada.
La propuesta consta de ocho puntos que no entran en detalle, como el importe destinado a programas que fomenten e incentiven la demanda, el uso y la compra de vehículos (solo se sugiere "estudiarlos"), el fomento del I+D+i en la industria del sector o "el impulso de un marco regulatorio adecuado que favorezca el desarrollo de iniciativas públicas y/o privadas para la instalación de infraestructuras de puntos de recarga para vehículos propulsados por energías alternativas".
Por útlimo, se propone desarrollar conjuntamente el Internet de las cosas y las TIC, necesarias para dar soporte a todo este nuevo y prometedor sector.
Aunque carezca de fuerza jurídica vinculante y no sea más que una lista de buenos propósitos, sirve para instar al gobierno a que realice una acción concreta o para llevarse a Pleno y que pueda continuar con su tramitación y así finalmente, se materialice en un proyecto de Ley.
Turbomotor2000
23/02/2017