El precio del CO2, el 'chollo' del Gobierno para controlar la luz y contentar al carbón

La subasta de derechos de CO2 se está convirtiendo en la solución perfecta para poder afrontar la transición justa del Gobierno del PSOE. Los ingresos obtenidos por el precio del CO2 se podrían elevar hasta los 1.100 millones, según las estimaciones del Gobierno en sus PGE de 2019.

Con esos 1.100 millones, el Gobierno pretende financiar la transición justa del carbón así como mantener la suspensión de los impuestos a la electricidad.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que "el volumen más importante de esos ingresos irán destinados a la transición justa". Ribera se ha referido que los beneficiarios de este dinero serán por un lado los propios consumidores y por otro los trabajadores afectados de la minería y de las centrales térmicas que van a cerrar en los próximos años. Asimismo, el Gobierno pretende financiar con este dinero planes de rehabilitación de las zonas afectadas con nuevos proyectos de innovación.

Ribera ha explicado que cuenta también con buena parte de esos ingresos para la suspensión de los impuestos a la producción de energía eléctrica y el céntimo verde que abonan los ciclos combinados que está vigente durante el primer trimestre del año. "Para este año una parte muy significativa de esos ingresos de la subastas de derechos va efectivamente a cubrir esa suspensión provisional de algunos de los impuestos a la electricidad y a cubrir la financiación y transformación de la minería y centrales de carbón".

Pero el Gobierno, a pesar de prever unos ingresos de 1.100 millones por las subastas de derechos de emisiones de CO2, no tiene decidido si mantendrá la suspensión del IVPEE y el céntimo verde. "Por ahora no contemplamos mantener la suspensión, pero estamos trabajando para dar una solución cuando finalice el plazo", ha asegurado Ribera tras su discurso de inauguración del VII Simposio de la Funseam en Barcelona.

Unos PGE claves

La suspensión del IVPEE y del céntimo verde supone alrededor de unos 250 millones de euros por trimestre por lo que al Gobierno le quedan 850 millones para la transición justa y si mantener la suspensión de los impuestos a la electricidad. Teniendo en cuenta que buena parte de las medidas de la transición se financiarán vía Presupuestos Generales del Estado, se convierte en fundamental sacar adelante los PGE de 2019 para que no suba la luz en el peor momento posible, es decir, justo en pleno proceso electoral que tendrá España el próximo mayo.

"Sobre la marcha habrá que ir viendo cómo encajan las piezas de lo que entendemos que son las medidas estructurales que ayuden a paliar el incremento del precio de la electricidad. Hay destinatarios industriales y domésticos, y en nuestro esquema está el acompañamiento de una estrategia nacional energética, destinar recursos de la subasta de derechos de CO2 para paliar los problemas de los consumidores más vulnerables y ver hasta que punto se puede tener una menor volatilidad en los precios del mercado", ha dicho Ribera.

Si los PGE no salen adelante (este lunes ERC ha aprobado una enmienda a la totalidad de los presupuestos) el Gobierno se vería obligado a tomar una decisión. Usar los ingresos del CO2 para la transición justa o para suspender provisionalmente los impuestos a la electricidad. Ya para todo no habría dinero. O lo que es lo mismo, ayudamos a los mineros o mantenemos bajo virtualmente el precio de la electricidad en el mercado. Y hay elecciones.