Según el principio de «quien contamina paga», los contaminadores deben sufragar los costes de su contaminación. Esto no siempre es así en la UE, como señala el Tribunal de Cuentas Europeo. Aunque el principio en general se refleja en las políticas medioambientales de la UE, su cobertura sigue siendo incompleta y se aplica de manera heterogénea entre los distintos sectores y Estados miembros. En consecuencia, a veces se utiliza dinero público —en lugar de que paguen los contaminadores— para financiar las acciones de limpieza, según indican los auditores.
Existen en la UE casi 3 millones de emplazamientos potencialmente contaminados, principalmente por la actividad industrial y el tratamiento y la eliminación de residuos. Seis de cada diez masas de agua superficial, como ríos o lagos, no se hallan en un buen estado químico y ecológico. La contaminación atmosférica, un riesgo importante para la salud medioambiental en la UE, también es perjudicial para la vegetación y los ecosistemas. Todo esto supone unos costes importantes para los ciudadanos de la UE. Según el principio de «quien contamina paga» los causantes de la contaminación son responsables de esta y de los daños ocasionados, y son los contaminadores, y no los contribuyentes, quienes se supone que deben correr con los costes correspondientes.
«Para cumplir los objetivos del Pacto Verde de la UE de forma justa y eficiente, los contaminadores deben pagar los daños ambientales que causan», afirma Viorel Ștefan, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe. «Sin embargo, hasta ahora los contribuyentes europeos se han visto con demasiada frecuencia obligados a sufragar los costes que deberían haber pagado los contaminadores».
El principio de «quien contamina paga» es uno de los principios clave subyacentes a la legislación y a las políticas medioambientales de la UE, pero se aplica de manera desigual y en distinto grado, observan los auditores. Aunque la Directiva sobre emisiones industriales abarca la mayor parte de las instalaciones contaminantes, la mayoría de los Estados miembros siguen sin responsabilizar a las industrias cuando las emisiones permitidas causan un perjuicio medioambiental.
La Directiva tampoco exige a las industrias que soporten los costes de la repercusión de la contaminación residual, que ascienden a cientos de miles de millones de euros. De manera similar, aunque la legislación de la UE sobre residuos incorpora el principio de «quien contamina paga», por ejemplo, mediante la «responsabilidad ampliada del productor», los auditores observan que hace falta una importante inversión pública para cubrir la falta de financiación.
Los contaminadores tampoco sufragan todo el coste de la contaminación del agua. Los hogares de la UE suelen pagar la mayor parte, aunque solo consumen el 10 %. El principio de «quien contamina paga» sigue siendo difícil de aplicar cuando la contaminación procede de fuentes difusas, y en particular, de la agricultura.
Muy a menudo, la contaminación de los emplazamientos se produjo hace tanto tiempo que los causantes ya no existen, o no es posible identificarlos o imputarles la responsabilidad. Esta «contaminación huérfana» es una de las razones por las que la UE ha tenido que financiar proyectos de recuperación que deberían haber pagado quienes la causaron. Peor aún, los fondos públicos de la UE también se han utilizado contrariamente al principio de «quien contamina paga», por ejemplo, cuando las autoridades de los Estados miembros no hacen cumplir la legislación medioambiental obligando a pagar a los contaminadores.
Por último, los auditores subrayan que, cuando las empresas no tengan suficiente seguridad financiera (por ejemplo, pólizas de seguros que cubran la responsabilidad medioambiental), existe el riesgo de que los costes de la limpieza medioambiental acaben siendo soportados por los contribuyentes. Hasta la fecha, solo siete Estados miembros (Eslovaquia, España, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal y Chequia) exigen garantía financiera para algunas o todas las responsabilidades medioambientales. Sin embargo, en la UE estas garantías no son obligatorias, lo que significa que en la práctica los contribuyentes se ven obligados a intervenir y pagar los costes de limpieza cuando una empresa que ha causado daños medioambientales se declara insolvente.
Una parte sustancial del presupuesto de la UE se dedica al logro de los objetivos de la UE en materia de cambio climático y medioambiental. En el período 2014‑2020, alrededor de 29.000 millones de euros de la política de cohesión de la UE y el Programa LIFE se destinaron a proyectos dedicados específicamente a la protección del medio ambiente.
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