Hay que evitar que siga creciendo la burbuja que se ha creado con los proyectos renovables que solicitan un punto de acceso y conexión y que suman casi ya 200 GW con fecha junio de este año. El exceso de demanda de solicitudes de acceso a las redes lo reconoce hasta la propia CNMC. Hay que buscar soluciones para evitar que vaya a más, y eliminar la participación de especuladores que distorsionen el mercado. Según han confirmado fuentes gubernamentales a este diario, el Ministerio de Transición Ecológica "está trabajando en este asunto", pero lo cierto es que mientras esté en funciones no podrá aprobar ningún Real Decreto que pudiera poner fin a este desenfreno.
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La patronal fotovoltaica UNEF, por su parte, lo tiene claro, "queremos expulsar a los especuladores sin que se pongan barrera a los pequeños productores", explica a este diario José Donoso, director general de la asociación empresarial, "queremos firmeza en los proyectos, que desaparezca la figura del interlocutor único de posición (IUP) o interlocutor único de nudo y que lo asuma REE. Tampoco queremos que sean las distribuidoras porque son parte interesadas, y además así se añade transparencia al proceso".
Estas son solo algunas de las alegaciones que han presentado a la Propuesta de Circular por la que se establece la metodología y condiciones del acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de Competencia. Para UNEF, "es importante que se de certeza de que un proyecto que ha solicitado un punto de acceso y conexión sea real y que la CNMC sea más exigente con los hitos que propone que se deben cumplir para que no se ejecuten los avales", añade Donoso "y en el caso de que no se cumplan, que se ejecuten, es la única manera de que el sector se limpie de especuladores".
También pide que 'para conseguir los objetivos planteados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), es fundamental eliminar el cuello de botella y reducir las listas de espera y los procesos en las solicitudes de acceso y conexión, así como simplificar administrativamente la tramitación para la obtención de los mismos'.
En ese proceso cobra mucha importancia la presentación de una garantía económica (mediante un aval), ya que el artículo 5.1 de la Circular señala que es necesario presentar la garantía económica equivalente a 40 €/kW instalado, como ya se incluyó en el Real Decreto-Ley 15/18, y obtener la confirmación de validez de dicha garantía por el Órgano Competente. Para UNEF, "la necesidad de confirmación por el órgano sustantivo de la validez de la garantía es innecesaria o muy cuestionable" porque sería suficiente con que "la Caja General o Provincial en la que se realice el depósito lo compruebe ya que puede emitir un resguardo de dicho depósito". Así que pide que "se elimine ese trámite".
Además, el hecho de que se pueda presentar esas garantía en la administración competente "abre la puerta a heterogeneidad y pérdida de trasparencia". Según las alegaciones presentadas, "se han evidenciado varios conflictos de acceso a la red. Si cada órgano sustantivo puede regular distintos instrumentos para soportar las garantías, la heterogeneidad y el posible conflicto están asegurados, porque en un mismo nudo simultáneamente puede haber solicitudes que se estén tramitando a través de dos órganos sustantivos (comunidad autónoma y administración general) con criterios y plazos de conformidad de su validez distintos".
Por esa razón, propone que "la Circular incluya un Anexo con los modelos normalizados de avales y/o seguros de caución".
Volviendo a la posibilidad de ejecutar los avales de los proyectos que no cumplen con los hitos establecidos dentro de unos plazos y que sea el gestor de la red (distribuidoras o REE) quienes comprueben ese cumplimento, UNEF considera que "no son el sujeto adecuado para ello, debiendo ser el órgano sustantivo, que es el que dispone de la garantía, el que reciba toda la documentación acreditativa del cumplimiento de estos".
En definitiva, "queremos un sector serio, que no atraiga a especuladores o que produzca desconfianza a los inversores" concluye Donoso, "y que no se pueda conseguir un premiso de acceso si no hay un acuerdo con propietarios para realizar el proyecto".
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