El Senado rechaza una propuesta de ERC para nacionalizar las redes de distribución

El pleno del Senado ha rechazado, a falta de la votación, que se tramite una reforma de la Ley del Sector Eléctrico propuesta por ERC para reconocer la titularidad pública de las redes de distribución y facilitar su gestión directa o mediante concesión por parte de los municipios.

La toma en consideración de la propuesta ha obtenido el apoyo de Bildu, BNG y la Izquierda Confederal, mientras que el PSOE, el PP, Vox, el PNV y Junts se han posicionado en contra al considerar que supondría un proceso de expropiación inviable y que el actual modelo de gestión funciona bien.

El socialista José Francisco Hila ha afirmado que la propuesta de ERC supondría "nacionalizar más de 600.000 kilómetros de redes y miles de estaciones transformadoras y absorber a miles de trabajadores", lo que ha tildado de "inasumible".

Tras defender que el actual sistema de colaboración público-privada es el "adecuado", el senador del PSOE ha dejado la puerta abierta al "diálogo" para abordar "modificaciones legales en el futuro" y ha subrayado su apoyo a la parte de la iniciativa de ERC que apuesta por el fomento del autoconsumo.

El representante del grupo vasco, Igot López, se ha preguntado "para qué tocar algo que funciona" y ha sostenido que la gestión de una red de distribución eléctrica "llevaría a la ruina a muchos ayuntamientos".

Nacionalizar las redes de distribución

En la misma línea, Miguel Ángel Castellón, del PP, ha subrayado que los 8.000 municipios de España no tienen capacidad para gestionar las redes eléctricas y ha criticado que el PSOE "coquetee" con este tipo de propuestas.

Teresa Pallarés (Junts) ha dicho que comparte el "espíritu" de la iniciativa pero ha coincidido en que su planteamiento "no atiende a criterios de realidad técnica y jurídica".

La senadora de Bildu Idurre Bideguren ha defendido, en cambio, que la propuesta es "perfectamente viable" y ha puesto como ejemplo de que no es una utopía el municipio de Oñati (Guipúzcoa).

Todos los partidos que la han respaldado han incidido en la necesidad de "romper la posición de dominio del oligopolio" de las eléctricas y la Izquierda Confederal ha recalcado que el planteamiento de ERC está alineado con lo que ocurre en buena parte de Europa.

La iniciativa, según el senador de ERC Jordi Gaseni, busca avanzar hacia un modelo energético "más justo, democrático y sostenible" y supone un nuevo régimen de concesión para las redes locales con plazos limitados, criterios de selección basados en la calidad del servicio, la integración de renovables y la competencia, y mecanismos de compensación en caso de relevo entre concesionarios.

El texto incorporaba nuevos derechos para las Comunidades Ciudadanas de Energía para adquirir, arrendar y gestionar redes cuando acreditasen capacidad técnica y económica y llegasen a una cobertura significativa del territorio.

También establecía un nuevo régimen de cesión de instalaciones derivadas de transformaciones urbanísticas y prohibía que una misma empresa controlara de manera simultánea generación, distribución y comercialización, salvo en casos de operadores locales de pequeña escala.