El sindicato ASTECSN ha denunciado que la emisión del dictamen favorable a la reapertura de Garoña ha supuesto un cambio de criterios que habían sido previamente comunicados a los propietarios de la central para que determinadas modificaciones de diseño, que aún no se han realizado, estuvieran implantadas antes de la emisión de este dictamen favorable.
Según el sindicato, para asegurar que ese dictamen vería la luz la semana pasada, el presidente del CSN convocó dos Plenos, el ordinario del miércoles 8 y uno extraordinario el jueves 9, agotando así las posibilidades de cualquier aplazamiento adicional.
El martes 7 de febrero, horas antes de la rueda de prensa ofrecida por el Pleno del CSN, y con la atención mediática puesta en la reapertura de Garoña, el CSN remitía cartas al Ministerio de Energía, una por cada central nuclear, en las que propone la modificación de las autorizaciones de explotación vigentes. Estas modificaciones, aprobadas por unanimidad en el Pleno del día 1 de febrero, afectan de manera sustancial al proceso de renovación de dichas autorizaciones de explotación cuando termine su actual plazo de vigencia.
Para ASTECSN, el regulador nuclear está tramitando una modificación a la guía de seguridad GS-1.10, mediante la cual se elimina la obligatoriedad de realizar una Revisión Periódica de la Seguridad (RPS) como condición previa para la renovación del permiso de explotación. Esta modificación, solicitada por UNESA, pero que formalmente se justifica por una adaptación a la normativa del Organismo Internacional de Energía Atómica, significa en la práctica abrir la posibilidad de conceder autorizaciones de explotación más allá de 10 años (el periodo establecido para las RPS), siendo de facto una vía para la extensión de vida de las plantas nucleares.
Esta revisión de la GS-1.10 no está todavía aprobada y se encuentra aún en la fase de comentarios. Ni siquiera está claro si finalmente se denominará “revisión 2”, como le correspondería o “revisión 1 actualizada”, que es el nombre con el que se ha estado tramitando esta modificación. Pero ha sido ya aplicada por el Pleno del CSN este miércoles para la emisión de su informe favorable sobre Garoña.
Cartas al Ministerio
Según el sindicato, en las cartas remitidas al Ministerio de Energía, el CSN propone eliminar de las autorizaciones vigentes la referencia explícita a la revisión de la Guía 1.10 que es aplicable, lo cual significa que cualquier modificación posterior de la Guía 1.10, independientemente de cómo se la llame, se convierte automáticamente en una modificación encubierta de las condiciones de renovación que formalmente se establecen en las autorizaciones de explotación vigentes.
Además, la documentación que hasta ahora se requería presentar con la solicitud de renovación con un plazo de 3 años antes de la finalización del periodo de vigencia de la autorización, pasará a ser requerida tan solo 1 año antes de que expire la licencia.
Para los miembros del ASTECSN, este periodo es claramente insuficiente si se quiere hacer el trabajo de supervisión con el rigor necesario. También se propone en dichas cartas que la solicitud de renovación se acompañe de una serie de informes, nunca antes solicitados, referidos a la “gestión del envejecimiento” y a la “operación a largo plazo” de las centrales nucleares, a lo que sigue aplicando el tradicional plazo de tres años para las solicitudes de renovación.
Por último, quiere destacar que estas modificaciones en las autorizaciones de explotación vigentes se producen sin que conste ninguna solicitud al respecto por parte de ninguna central nuclear. Es decir, se producen aparentemente por iniciativa del CSN, en todas las centrales simultáneamente, y en el momento en que Garoña sirve como cortina de humo.
La Asociación recuerda no está ni a favor ni en contra del alargamiento de la vida de las centrales nucleares. Consideran "inaceptable que decisiones tan trascendentales se tomen por un Pleno que se limita a aceptar sin debate las propuestas del Director Técnico de Seguridad Nuclear, que en ocasiones como esta no son el resultado de ningún proceso de evaluación formal".
Según su comunicado, "creen que no se puede hurtar a la sociedad la información transparente que explique las motivaciones, supuestamente técnicas, que llevan a cambiar criterios tan relevantes. Y por eso denunciamos una vez más que un organismo regulador capturado carece de la credibilidad necesaria para trabajar al servicio de la sociedad en la preservación del bien común".
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