El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo contra la orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que regula las subastas la interrumpibilidad del suministro eléctrico de grandes consumidores, según publica el BOE.
El servicio de interrumpibilidad, dotado con unos 500 millones de euros anuales, consiste en el pago de determinadas sumas a las grandes empresas por permitir que se les corte el suministro de luz en caso de que lo requiera el sistema.
Dentro de la reforma eléctrica y con el objetivo de que los pagos se asignaran de forma competitiva, el Ministerio de Industria introdujo el sistema de subastas competitivas.
El pasado otoño se celebró la primera subasta, en la que quedó fuera la compañía Alcoa, que inmediatamente después anunció su intención de presentar un expediente de regulación de empleo en sus plantas de Avilés y A Coruña, en las que trabajan unos 800 trabajadores.
Unas semanas después Industria realizó una subasta extraordinaria, celebrada a finales de diciembre y en la que Alcoa sí logró bloques de potencia para obtener descuentos en el precio de la luz y a continuación anunció que retiraba el ERE.