El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso presentado por la eléctrica E.ON contra el real decreto que establece el reparto del coste del bono social, una tarifa subvencionada para consumidores que están en situación vulnerable, según publica el BOE.
Hasta la reforma de la Ley del Sector Eléctrico del año 2013 este coste -228 millones en 2013- lo asumían las cinco grandes eléctricas -Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP y E.ON- pero el Gobierno modificó la norma para extenderlo a otros agentes del sector.
El 21 de noviembre pasado, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto en el que distribuye este coste entre todos los operadores verticalmente integrados, es decir, los que desarrollan simultáneamente actividades de generación, distribución y comercialización de electricidad.
El nuevo esquema carga la financiación del bono social sobre un total de 27 empresas, si bien las cinco grandes eléctricas integradas en Unesa, y especialmente Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, deben asumir el 99% de este coste, que ronda los 200 millones de euros.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) determinará cada año qué porcentaje corresponde pagar a cada empresa en función de los suministros conectados a las redes de distribución y los clientes de sus comercializadoras.
El 30 de noviembre el grupo energético alemán E.ON, que desembarcó en España en 2008 tras protagonizar una pugna con Gas Natural, Enel y Acciona por Endesa, vendió su negocio en España y Portugal al fondo australiano Macquarie por 2.500 millones de euros.