El Tribunal Supremo de EEUU dictaminó este lunes que Ecuador debe indemnizar con 96 millones de dólares a la petrolera estadounidense Chevron al negar al país sudamericano la revisión del fallo dictado en agosto de 2015 por la Corte de Apelaciones del distrito de Columbia, en Washington.
"Revisión denegada", determinó la máxima instancia judicial de Estados Unidos en una breve notificación a la que tuvo acceso Efe, y con la que ratifica el dictamen del tribunal de apelaciones de la capital estadounidense que obligaba al Gobierno ecuatoriano a pagar 96 millones de dólares a Chevron en base a un tratado de inversiones entre Ecuador y EEUU vigente desde 1997.
Con este fallo, el Supremo confirma el veredicto de un tribunal de arbitraje de La Haya (Holanda) que determinaba que el tratado comercial suscrito entre Ecuador y EEUU protege las inversiones que el gigante petrolero hizo en el país sudamericano.
Cuando la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia falló contra Ecuador en agosto de 2015, la Procuraduría General del Estado ecuatoriano (PGE) rechazó el fallo y no acudió al Tribunal Supremo de EEUU, que hoy rechazó su petición.
Este es solo el último capítulo de uno de los mayores litigios medioambientales de la historia, que dura ya más de 20 años y en cuyo epicentro se encuentran los daños ambientales y sociales supuestamente ocasionados a la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1990 por Texaco, adquirida posteriormente por Chevron.
Entre 1991 y 1993, Texaco presentó seis demandas contra Ecuador por supuestas violaciones de un acuerdo conjunto para la exploración de petróleo, sobre las que la justicia ecuatoriana nunca emitió sentencia.
En 2006 Chevron se acogió al tratado de protección de inversiones y presentó una demanda contra Ecuador ante el tribunal de La Haya.
Según el fallo de agosto de 2015, bajo ese tratado Ecuador ofrecía a los inversores estadounidenses la oportunidad de intervenir en los litigios en los que se vieran involucrados siempre que esos conflictos se dieran posteriormente a la entrada en vigor del tratado en 1997.
Por ello el Estado ecuatoriano argumentó que no debía pagar a Chevron, como pedía la petrolera, porque la relación entre ambos terminó en 1995, dos años antes de que entrara en vigor el tratado de inversiones.
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