El vicepresidente de la CNMC vota en contra de la retribución de las redes eléctricas por un "impacto negativo en el sector eléctrico, la transición energética y los consumidores"

Ángel García Castillejo, vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha formalizado un contundente voto particular en contra de la nueva metodología para el cálculo de la retribución de la distribución eléctrica del periodo 2026-2031. Esta decisión, tomada tras el Pleno celebrado el pasado 22 de diciembre de 2025, pone de manifiesto una profunda fractura en el seno del regulador sobre cómo deben financiarse las redes eléctricas en España durante los próximos seis años. El vicepresidente advierte de que el texto aprobado por la mayoría del Consejo compromete gravemente el desarrollo del sector, la transición energética y los intereses de los consumidores residenciales e industriales.

La discrepancia de García Castillejo comienza con una denuncia sobre las formas en que se produjo la votación, señalando un incumplimiento flagrante del reglamento interno de la institución. Según el documento, la documentación definitiva y las alternativas jurídicas fueron remitidas a los consejeros la noche antes de la reunión, denegándose la solicitud expresa de posponer la decisión al menos 48 horas para valorar adecuadamente las propuestas. Esta premura, a juicio del vicepresidente, ha derivado en una falta de garantías jurídicas y procedimentales que vicia de origen la aprobación de una circular con repercusiones económicas masivas para el país.

Invasión de competencias

Uno de los puntos más críticos del voto particular es la supuesta invasión de competencias que la CNMC habría cometido frente al Gobierno. García Castillejo sostiene que la propuesta aprobada ignora observaciones esenciales del Consejo de Estado, especialmente en lo relativo a la fijación de límites a la inversión y la creación de incentivos para generar nueva demanda eléctrica.

El vicepresidente recuerda que el regulador no puede establecer límites adicionales a la inversión que vacíen las competencias estatales, ni tampoco trasladar a las empresas distribuidoras el llamado "riesgo de demanda". Argumenta que no existe base legal para penalizar o premiar a los distribuidores por la incorporación de nuevos clientes, ya que su función es atender todas las solicitudes en condiciones de igualdad y no actuar como agentes comerciales que generen mercado.

En cuanto al diseño financiero, el escrito alerta sobre el riesgo de que la retribución resulte insuficiente para cubrir los costes de una gestión eficiente, alejándose del principio legal de rentabilidad adecuada para una actividad de bajo riesgo. García Castillejo subraya que la aplicación simultánea de límites estrictos a la inversión y recortes de eficiencia en los costes operativos podría asfixiar la capacidad de las redes para adaptarse a los retos de la descarbonización. Esta situación, según sus palabras, genera un escenario de inseguridad jurídica e inestabilidad que pone en riesgo la adecuada prestación del servicio y desincentiva las inversiones necesarias en infraestructuras clave.

Nuevo periodo de audiencia pública

Asimismo, el vicepresidente critica la negativa de la presidencia de la CNMC a abrir un nuevo periodo de audiencia pública. Considera que, ante los cambios sustanciales introducidos tras el dictamen del Consejo de Estado, era imperativo permitir que los agentes del sector presentaran nuevas alegaciones, aunque fuera mediante un trámite de urgencia. El voto particular califica esta negativa como una falta de diálogo real con el sector eléctrico, desde los generadores hasta los usuarios finales, lo que aumenta las posibilidades de que la circular sea impugnada o anulada en los tribunales.

Finalmente, el documento pone el foco en el impacto sobre las distribuidoras de menor tamaño, denunciando que el régimen transitorio aprobado es arbitrario y carece de fundamento legal. Mientras que la normativa europea y nacional suele fijar en 100.000 clientes el umbral para aplicar excepciones regulatorias, la CNMC ha limitado este alivio a empresas con menos de 10.000 clientes. Para el vicepresidente, esta decisión discrimina a las pequeñas empresas rurales y despobladas, dificultando su adaptación al nuevo modelo avanzado de control de costes y fomentando procesos de concentración empresarial no deseados que, en última instancia, perjudican la competencia y el servicio en las zonas más vulnerables de España.