Elcogas cifra en 36 millones anuales la retribución que necesitaría para ser viable

La empresa Elcogas cifra en 36 millones de euros anuales la retribución que necesitaría para garantizar su viabilidad. Así lo manifestó el consejero-director general de la sociedad, Alfredo García Aránguez, que hizo hincapié en que esta cantidad es la media para que la central termoeléctrica de gasificación integrada en ciclo combinado (GICC) de Puertollano pueda retomar y mantener su actividad productiva.

"Nosotros necesitamos un apoyo de 36 millones de euros al año de media, que comprendería años malos, añoss bueno y años regulares, y es lo que pedimos al regulador", en este caso el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, apuntó García Aránguez, en declaraciones a la emisora Radio Castilla-La Mancha (RCM), donde añadió que "es un apoyo que hemos pedido al Ministerio y que el Ministerio, como regulador, hasta este momento no nos ha concedido".

Esta cantidad se contrapone a los 25 millones de euros de pérdidas anuales de media a la que se ha referido la empresa, propiedad de las grandes eléctricas, si bien fuentes de la compañía consultadas por este diario matizaron que las pérdidas de 25 millones por ejercicio se producirían en condiciones "de gran ajuste", de ahí que la media para años "normales" sería de 36 millones, tal y como explicó ayer el consejero-director general de Elcogas. Es decir, que los 25 millones de euros de pérdidas se producirían siempre y cuando en la central termoeléctrica GICC, considerada como la más avanzada del continente, no se lleven a cabo trabajos de envergadura y costosos económicamente como mantenimiento de infraestructuras, paradas técnicas y demás tareas.

El conflicto da un giro

A pesar de que tras la reunión vespertira de este jueves entre el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, terminó sin acuerdo sobre las cantidades de dinero público necesarias para garantizar la viabilidad de Elcogas ni sobre a qué administración le correspondería abonarlas, tanto desde la Junta de Comunidades como desde el Ayuntamiento se mostraron ayer convencidos de que el conflicto ha dado un giro y que una posible solución podría ser una realidad en próximas fechas.

En este sentido, el vicepresidente del Ejecutivo autonómico señaló que "la resolución del conflicto depende del Ministerio" y añadió que "no tendría ninguna explicación que con los pasos que ya se han dado finalmente no se solucione". A preguntas de los periodistas en Toledo, José Luis Martínez Guijarro hizo hincapié en que es el Gobierno central el único que tiene competencias en industria y por ello el que tendría potestad para inyectar dinero público a Elcogas y descartó que la Junta actúa de este modo alegando que sería algo que no contempla la Ley.

Asimismo, el número dos del Gobierno castellano-manchego, que también acudió a la citada reunión, reconoció que salió de ella "convencido de que el Ministerio y la empresa pueden llegar a una solución porque hablamos de cantidades perfectamente asumibles por el sistema eléctrico y con el presupuesto público que se destina a esta cuestión". En cualquier caso, recordó que la semana pasada se hablaba por parte del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, de 20 millones anuales para comenzar esta semana aumentado esa cifra a 27, según explicaron los sindicatos CCOO y UGT que acudieron a la reunión de la Mesa de la Energía, y que pasaron a entre 15 y 20 millones que expuso el ministro José Manuel Soria al presidente Page, siempre y cuando la Junta aporte la misma cantidad.

En cualquier caso, tanto el vicepresidente de la Junta como la alcaldesa de Puertollano, también presente en la reunión, apuntaron ayer que el Gobierno regional no ayudará económicamente a Elcogas en la medida que plantea Industria al carecer de competencias. En este sentido, Mayte Fernández consideró que es ahora la empresa la que debe responder al trabajo de sus empleados y a lo que desde las administraciones se ha aportado. Asimismo y al igual que Martínez Guijarro, la regidora municipal instó al Ministerio a que dote a la planta puertollanense de un marco regulatorio específico que garantice su viabilidad de futuro.