La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege) ha reclamado un Estatuto Electrointensivo con nuevas medidas que permitan a estas industrias disponer de un precio eléctrico "competitivo, estable y predecible", y ha propuesto ampliar el alcance de las compensaciones.

Las peticiones de Aege se conocen después de que el Ministerio de Industria diera por concluida la consulta pública previa al proyecto de modificación del real decreto que regula dicho Estatuto, con el que se pretende armonizar esta normativa ante el aumento del número de consumidores certificados como electrointensivos.

En una nota de prensa, Aege destaca que una "parte significativa" de la gran industria electrointensiva no recibirá compensación alguna en 2024 para financiar parte de los cargos de la factura eléctrica a los que da derecho el Estatuto del Consumidor Electrointensivo.

Los electrointensivos

Bajo el esquema actual, el Estatuto impone una serie de medidas a estos consumidores, como la obligación de consumir en horas nocturnas, actualmente más caras, o contratar energía a plazo, que "suponen un mayor coste en la factura eléctrica de la industria".

Desde el punto de vista de Aege, en este escenario, "sin derecho a compensaciones económicas y con obligaciones, la figura creada para preservar la competitividad de la industria deja de ser efectiva".

En este sentido, el presidente de la asociación, José Antonio Jainaga, ve "muy positiva" la consulta pública previa del Ministerio, "no sólo para armonizar requisitos y obligaciones de los consumidores electrointensivos" sino también para dotar al Estatuto de un "marco efectivo" para mitigar el impacto de los costes ajenos al suministro eléctrico.

Por ello, Aege propone ampliar el alcance de las compensaciones que reciben las industrias electrointensivas, incluyendo conceptos destinados a financiar los cargos en la factura como el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, las aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética o la tasa municipal.

Y es que, a su modo de ver, se trata de elementos que dañan la competitividad de las industrias españolas respecto a las de su entorno, ya que en otros países no tienen que frente a estos costes.